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Oaxaca.— En la fría mañana del pasado 23 de enero, el cuerpo de María fue rescatado bajo un puente vehicular en la entrada del puerto de Salina Cruz. Sus agresores la abandonaron y dieron por muerta después que la golpearon y violaron. Su historia, como muchas más salpicadas de violencia, sólo encontró un pequeño espacio en la nota policiaca.
En ese momento, pocos o casi nadie sabía que María llegaba del norte del país, al lado de su hijo, al puerto de Salina Cruz, en busca de su pareja, pero sobre todo de empleo. La Fiscalía de Justicia asumió las investigaciones, pero solicitó a las autoridades del Refugio de Mujeres China Yodo, la protección de las víctimas.
La historia de Ana es similar. Decidió abandonar su hogar porque temía que su pareja la asesinara a ella o a sus hijos. Sabía de los estragos de la violencia, pues a los 10 años su abuela la vendió a un hombre. Con la mayoría de edad, migró al norte del país para buscar trabajo, ahí conoció al hombre de quien ahora huye.
Ana (nombre ficticio para proteger su identidad) tiene menos de 30 años y tres hijos que concibió tras su llegada a Oaxaca. Como parte de su búsqueda por ayuda llegó al DIF, donde intentaron realizar reuniones de conciliación con su marido, pero él nunca asistió a las citas.
Su siguiente paso fue la Fiscalía Especializada para la Atención a Delitos contra la Mujer y por Razones de Género, donde le dijeron que sólo brindan albergue a las mujeres con un proceso de denuncia formal. A pesar de haber manifestado ser víctima de violencia familiar, al no realizar la denuncia se le negó el refugio.
De acuerdo con datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), sólo en 2018 se abrieron más de 5 mil carpetas de investigación por violencia familiar en Oaxaca, un promedio de 15.6 denuncias al día. A ellos se suman los casos de mujeres que no denuncian por temor a represalias.
En Oaxaca sólo el Centro de Justicia para las Mujeres tiene un albergue que depende de recursos públicos. Aunque las víctimas pueden permanecer hasta tres meses, sólo se recibe a quienes ya denunciaron; las que no lo han hecho tienen que protegerse solas, como es el caso de Ana.
Este refugio dependía del Programa de Apoyo a las Instancias de Mujeres en Entidades Federativas (PAIMEF), mismo que desapareció del presupuesto de egresos 2019; su permanencia quedó en vilo.
