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Un juez federal vinculó a proceso a Wendy Gabriela Arrieta Camacho, exdirectora de Tecnologías de la Información y Comunicación de la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol), por uso ilícito de atribuciones y facultades en el caso la Estafa maestra.
El juez de Control José Rivas González concedió a las partes dos meses para la investigación complementaria que vencen el próximo 24 de enero de 2022.
Asimismo, el juez Rivas González únicamente prohibió a la imputada salir del país, por lo que permanecerá en libertad provisional.
Arrieta Camacho está señalada por la Fiscalía General de la República (FGR) por supuestamente suscribir un anexo técnico derivado de un convenio celebrado entre la Sedesol y la Universidad Autónoma del Estado de Morelos (UAEM).
El convenio suscrito en el año 2013 por el entonces oficial mayor de la Sedesol, Emilio Zebadúa, tenía por objeto el desarrollo, implementación y operación del servicio de firma electrónica, para lo cual la UAEM recibió 22 millones de pesos.
Sin embargo, en 2014 la exdirectora de Tecnologías de la Información y Comunicaciones de la Sedesol suscribió un anexo técnico con el que se autorizó a la universidad subcontratar con la empresa Prado Soluciones, a la que le terminó pagando un total de 21.8 millones de pesos.
Dicho monto excede el 49% permitido en la ley para el caso de subcontrataciones, razón por la que la FGR busca responsabilizar a la exfuncionaria por suscribir un anexo técnico de manera ilegal.
Al salir de la audiencia, Sergio Adrián Estudillo, abogado de la excolaboradora de Zebadúa González —quien fuera mano derecha de la exsecretaria de Desarrollo Social en el sexenio de Enrique Peña Nieto, Rosario Robles, presa en Santa Martha—, informó que ante la resolución del juez el equipo de defensa analizará la posibilidad de apelar.
“Nos sorprendió mucho el fallo del juez, estábamos convencidos de obtener una resolución favorable, pero bueno, tenemos los medios de impugnación que podemos hacer valer y continuaremos con los dos meses de investigación complementaria”, declaró a la prensa.
Explicó que en este tiempo de investigación complementaria la defensa también realizará sus propias diligencias para reunir pruebas de descargo.
Al defender la inocencia de su cliente, el jurista descartó la posibilidad de solicitar un criterio de oportunidad o un procedimiento abreviado para concluir rápidamente el caso y alcanzar una pena mínima o incluso la extinción del proceso penal
“Todavía no tenemos nada establecido sobre un criterio de oportunidad, no lo tenemos como posibilidad porque mi cliente es inocente de todos los cargos”, afirmó.
