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Por el delito de uso indebido del servicio público, ocho servidores y exservidores públicos del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado ( ISSSTE ) fueron vinculados a proceso por un juez federal.
Los imputados probablemente realizaron de manera ilícita un pago doble de facturas por 830 millones de pesos, afectando el patrimonio y los intereses del organismo, informó la Fiscalía General de la República ( FGR ).
Según la investigación de la FGR, una empresa presentó a pago facturas que ya habían sido pagadas, y los ahora imputados no defendieron adecuadamente los intereses del ISSSTE .
Indicó que el Ministerio Público de la Federación, adscrito a la Fiscalía Especializada en materia de Combate a la Corrupción ( FEMCC ), aportó los datos de prueba al Juez de Control, quien determinó vincular a proceso a las siguientes personas:
Juan “L”, Sebastián “L”, Juan “A” y Javier “M”, por la probable comisión del delito de ejercicio indebido de servicio público , bajo la hipótesis cuando el servidor público que teniendo conocimiento por razón de su empleo, cargo o comisión de que pueden resultar gravemente afectados el patrimonio o los intereses de algún organismo descentralizado, por cualquier acto u omisión, y no informe por escrito a su superior jerárquico o lo evite si está dentro de sus facultades.
En el caso de Sebastián “L”, la FGR señaló que fue vinculado en la hipótesis que ejerza las funciones de un empleo, cargo o comisión, sin haber tomado posesión legítima, o sin satisfacer todos los requisitos legales.
Minetras que a Juan “A”, igualmente se le agregó la presunta comisión de los delitos de uso ilícito de atribuciones y facultades , bajo la hipótesis de que el servidor público que teniendo a su cargo fondos públicos, haga un pago ilegal, además del de abogado patrono y litigante, en la hipótesis de abandonar la defensa de un cliente o negocio sin motivo justificado y causando un daño.
Asimismo, se vinculó a José “T”, Marx “O”, Sandy “T” e Irma “M”, por uso ilícito de atribuciones y facultades, bajo la hipótesis cuando el servidor público que teniendo a su cargo fondos públicos, haga un pago ilegal.
A los procesados se les impusieron medidas cautelares, consistentes en presentación mensual , así como la prohibición de salir del país sin autorización judicial. El juez de control dio a la FGR tres meses de plazo para la investigación complementaria.
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