Cuernavaca, Mor.— El exdirector de , Víctor Rodríguez Padilla, fue vinculado a proceso por el delito de violencia familiar y permanecerá en prisión preventiva justificada, aunque este martes podría alcanzar la libertad condicional porque su esposa María Felicia Jiménez otorgó el perdón por escrito.

La ingeniera cubana sostiene en su carta que junto con su esposo alcanzaron una reconciliación genuina, “producto de un proceso de reflexión, diálogo y compromiso mutuo” y su objetivo es detener el desgaste emocional para ella y sus hijos menores de edad y una eventual revictimización durante el procedimiento.

El viraje del caso lo deslizó el abogado defensor Víctor Manuel Solís Buitrón al declarar, antes de ingresar a la audiencia, la posibilidad de alcanzar un acuerdo con la víctima.

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Con el perdón escrito, la defensa pidió detener la audiencia de vinculación a proceso; sin embargo, la juez Adriana Correa argumentó que los delitos de violencia familiar y vicaria se persigue de oficio y, por tanto, continuó con el procedimiento.

El exdirector de ingresó a la sala de audiencia con una sonrisa en el rostro, pero su semblante cayó a medida que la juez echaba abajo cada una de las pruebas presentadas por sus abogados. Llevaba playera y pantalón color beige, pero con zapatos color negro, lo que violenta la norma, porque todos los internos deben llevar tenis color blanco, sin vivos ni líneas de color.

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La audiencia de vinculación a proceso fue similar a la de formulación e imputación, porque prácticamente todas las pruebas ofertadas por la defensa se toparon con un muro y al final se consideraron “subjetivas” por la juzgadora. Por ejemplo, cuestionaron el origen del video que exhibe la agresión física de contra su esposa María Felicia en una casa del fraccionamiento Paraíso Country Club del municipio de Emiliano Zapata, pero la juez afirmó que nunca entregaron un peritaje para respaldar su apreciación.

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Aludieron la ausencia de testigos para demostrar el ataque físico y obtuvieron como respuesta que en el video se aprecia a un menor de edad horrorizado ante los golpes que propinan a su madre.

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La defensa de Rodríguez cuestionó la falta de audio del video subido a redes por la víctima. Otra vez la juez reviró y dijo que “una imagen vale más que mil palabras” y todos pueden apreciar la forma en que el exdirector de Pemex jala de los cabellos a su esposa, la empuja, la somete y la avienta de un lado para otro.

La juez le dio valor preponderante a la declaración de la víctima, en la que narra el inicio del evento violento el pasado 15 de marzo en una casa del fraccionamiento Paraíso Country Club.

En ese lugar recibió unos mensajes en su teléfono móvil respecto de una relación sentimental de su esposo y que al momento de confrontarlo, el exdirector de Pemex respondió de forma violenta.

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Quitan cargo de violencia vicaria

En la audiencia iniciada por los cargos de violencia familiar y vicaria, la juzgadora desechó la segunda imputación al considerar que del análisis de las pruebas documentales aportadas por el Ministerio Público no se acreditó que el exfuncionario federal hubiera intentado sustraer, retener o privar de la manutención a su hijo.

Por el contrario, señaló que quedó acreditado que días después de la agresión contra su pareja convivió con el menor.

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Al concluir la audiencia, alrededor de las 10:32 horas, la defensa se apoyó en el desechamiento del delito de violencia vicaria y en la presentación del escrito de perdón, para solicitar la suspensión condicional del proceso en favor de su cliente, lo que le permitiría continuar el procedimiento en libertad.

La jueza, sin embargo, determinó que la víctima deberá comparecer personalmente para ratificar el contenido del escrito mediante el cual otorga el perdón. Así, fijó nueva audiencia para este martes a las 8:15 horas, previa notificación a la víctima del auto de vinculación a proceso, así como de sus alcances y de los efectos legales que tendría una eventual suspensión condicional del proceso.

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La juez precisó que el fallo contra el exdirector de Pemex puede ser apelado y mientras eso ocurre fijó un plazo de tres meses para cerrar la investigación; la nueva audiencia será el 13 de octubre de 2026.

Al final, el exdirector fue llevado al Centro Estatal de Reinserción Social Morelos, distante unos 300 metros de la Ciudad Judicial.

Fuentes cercanas al caso indicaron que el exfuncionario nunca ha estado en contacto con la población abierta. Se ha mantenido entre su celda, la número 12 del área de Sujeto a Protección de Funcionarios, y una oficina que utilizan los abogados dell. Incluso, algunas noches pide comida por Uber Eats.

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