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El colectivo Caso 992 pidió el respaldo del Senado de la República para que una vez que el Congreso de la Ciudad de México modifique la Ley Orgánica del Poder Judicial capitalino y el Código de Procedimientos Civiles en materia de violencia vicaria , dicha reforma sea incorporada en el proyecto del Código Nacional de Procedimientos Civiles, a fin de que la Unidad de Medidas Cautelares tenga facultades para intervenir en la ubicación de los deudores alimentarios y en la dictaminación de su peligrosidad procesal.
Una veintena de integrantes de dicho colectivo se entrevistó en audiencia por los senadores Miguel Ángel Osorio Chong y Claudia Ruiz Massieu, del PRI, y Miguel Ángel Mancera Espinosa, del PRD, quienes recibieron la propuesta y se comprometieron a hacerla suya.
Luego de escuchar los testimonios de algunas de las mujeres que han sido maltratadas por sus parejas, el líder del grupo parlamentario priísta señaló que “si esto no lo exponemos, si no lo visibilizamos, entonces no vamos a poder avanzar. Por eso yo felicito su valentía y cuenten con nosotros”.
Por su parte, la senadora tricolor Claudia Ruiz Massieu destacó que los testimonios expuestos reflejan la realidad de millones de mujeres en el país, “que se enfrentan a la violencia en el seno de su familia, a manos de su pareja, y cuando se deciden a separarse siguen padeciendo maltrato a través de sus hijos, en lo que se conoce como violencia vicaria, y todas las triquiñuelas que se puedan imaginar para que no se haga justicia”.
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Subrayó que hace suya la iniciativa del colectivo 992 para dejar de normalizar la violencia contra las mujeres y empecemos a normalizar lo contrario, un entorno donde se puede acceder a la justicia, localizar a quienes violentan a las mujeres y se puedan ejercer los derechos de las mujeres y sus hijos.
“Ya somos parte de este movimiento, les prometemos que lo vamos a empujar muy fuerte aquí en el Senado, vamos a tener mucho eco porque es una causa que nos une a todas y a todos, hay que recuperar a México de las garras de la violencia y empieza por cada mujer en su entorno”, resaltó Ruiz Massieu.
En la propuesta presentada por el colectivo, se destaca que la falta de valoración del riesgo procesal de los deudores alimentarios, antes y aún durante el procedimiento, constituye el principal obstáculo en el acceso a la jurisdicción, en detrimento de la mayoría de la población infantil y es una grave violación del derecho de igualdad de las personas que presiden hogares monoparentales, especialmente de las mujeres, pues la ausencia total de manutención y auxilio en el cuidado de los hijos las fuerza a una doble jornada discriminatoria.
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Argumenta que esto redunda en que las hijas e hijos, desprovistos de los cuidados directos ambos de sus progenitores -uno ausente por doloso abandono y otro, en cambio, por verse obligado a salir en busca del sustento-, sufran de una doble orfandad de facto, despojando a los hijos de los satisfactores afectivos, emocionales y de cuidados requeridos para su desarrollo y no solo de los medios económicos acordes a las posibilidades de ambos progenitores.
Subraya que el Estado, por seguridad pública, debe asumir con pulcritud su deber de oportuna localización de todas las personas, especialmente deben ser llamadas a enfrentar una acusación penal de las que conductas en agravio de mujeres o de niñas y niños.
“Esta reforma, entre otras ventajas, ofrecerá la de disminuir la carga de trabajo de los juzgados”, destaca el documento.
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