Verónica Razo, quien pasó 12 años en prisión preventiva acusada de secuestro y que fue víctima de tortura sexual durante su detención, fue absuelta de los cargos en su contra y puesta en libertad por pruebas insuficientes.
El 9 de junio de 2011, la mujer fue golpeada y subida a una patrulla por miembros de la Coordinación de Investigación de Campo de la extinta Policía Federal, quienes iban vestidos de civil y no presentaron órdenes judiciales ni se identificaron al momento de la detención.
Verónica Razo caminaba hacia su hogar, en la alcaldía Iztacalco de la Ciudad de México, acompañada de su madre y sus dos hijos, cuando los elementos, entonces a cargo de Genaro García Luna, la retuvieron en contra de su voluntad para después torturarla física, sicológica y sexualmente, con el objetivo de obligarla a reconocer su participación en delitos de secuestro junto con su hermano Erick Razo.
Erick, quien también fue detenido por las mismas autoridades ese día, fue presentado junto con su hermana y otras ocho personas como integrantes de una banda de secuestradores, a la entonces Subprocuraduría de Investigación Especializada en Delincuencia Organizada (SIEDO), que inició la averiguación previa PGR/SIEDO/UEIS/048/2011.
Ahí, elementos de la otrora Policía Federal suscribieron el informe PF/DINV/CIC/DGIDCSIP/PD/1295/2011 en el que se identificó que en los certificados médicos de ingreso se hizo constar que las personas detenidas presentaban diversos tipos de lesiones y manifestaban haber sido amenazadas.
Austreberta Casales, madre de los hermanos Razo, denunció el secuestro de ambos a la policía y reportó su desaparición en Locatel, pues los elementos de seguridad que detuvieron a sus hijos no portaban uniformes, por lo cual los confundió con criminales.
Sin embargo, sus reportes no procedieron, pues tanto Verónica como Erick aceptaron la responsabilidad por un secuestro que no cometieron, tras la brutal golpiza de la que fueron objeto.
El 27 de mayo de 2022, el juez Octavo de Distrito en el Estado de México dictó sentencia dentro de la causa penal 57/2011. En ella, absolvió a Verónica Razo Casales por el delito de delincuencia organizada; sin embargo, aún la consideró responsable por tres cargos de secuestro, por lo que le impuso pena privativa de la libertad de 25 años y multa de 119 mil pesos.
En tanto, Erick Iván Razo Casales fue absuelto de todos los delitos, y ese mismo día recuperó su libertad tras pasar 11 años en prisión.
El 31 de mayo de 2022, la Unidad de Litigio Estratégico en Derechos Humanos del Instituto Federal de la Defensoría Pública (IFDP) presentó apelaciones y un amparo indirecto.
El 18 de julio de 2023, el Tribunal Colegiado de Apelación dictó sentencia en el juicio de amparo indirecto, en el que concedió la protección constitucional a fin de que la autoridad responsable dictara nueva sentencia para analizar, entre otros temas, si con motivo de la detención ilegal de Verónica y de la tortura alegada, existió un efecto corruptor que alcanzó al testimonio y reconocimiento realizado por la víctima.
La ponencia del Primer Tribunal Colegiado de Apelación del Segundo Circuito realizó una adecuada valoración de las pruebas, excluyó aquellas que tenían relación directa con la tortura o la detención ilegal, y al no existir mayores indicios de incriminación para acreditar la plena responsabilidad penal de Verónica en la comisión del delito de secuestro, determinó su absolución y ordenó su inmediata libertad.
Verónica Razo, al probar haber sobrevivido a actos crueles, presentó una queja ante la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, que derivó en la Recomendación 12/2017.
Así, fue reconocida como víctima y forma parte del Mecanismo de Seguimiento de Casos de Tortura Sexual Cometida Contra las Mujeres, de la Secretaría de Gobernación, ya que emitió un dictamen que acredita la tortura sexual que sufrió durante la detención y cuenta con una Opinión del Grupo de Trabajo sobre Detenciones Arbitrarias de la ONU, que desde 2021 había ordenado la excarcelación sin que a la fecha se hubiera logrado el cambio de medida cautelar.
Tras 12 años de lucha, el caso de Verónica Razo es reconocido por el IFDP como un ejemplo para que las autoridades corrijan prácticas irregulares y arbitrarias en casos similares que se enfrentan a condenas injustas y graves violaciones a sus derechos humanos.
