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El gobierno de Venezuela anunció ayer el inicio de una investigación contra el ex presidente de la petrolera estatal PDVSA y hasta la semana pasada embajador ante la ONU, Rafael Ramírez por sus lazos con una “vasta conspiración de corrupción pública”, informó el fiscal general Tarek William Saab.
Hace una semana, Ramírez dejó su cargo ante la ONU por orden del presidente Nicolás Maduro. Las relaciones entre los dos se habían crispado recientemente.
Se cree que Ramírez, que nunca formó parte del círculo íntimo de Maduro, es el blanco principal de una operación de limpieza en PDVSA, empresa que dirigió durante más de una década. La purga ha alcanzado dos de sus sucesores en la paraestatal y un primo suyo, todos arrestados.
Ante el declive de la producción petrolera venezolana y en medio de una severa crisis económica y política, Maduro ha ordenado una gran reestructuración de PDVSA, la fuente de casi todas las finanzas públicas del país en divisa extranjera.
Docenas de funcionarios han sido arrestados en semanas recientes, entre ellos dos ex ministros de petróleo. Diego Salazar, un primo de Ramírez, fue arrestado por sospecha de haber trasladado mil 600 millones de dólares a bancos de Andorra, en Europa.
La fiscalía no ha anunciado cargos específicos contra Ramírez, quien ha negado formar parte de conspiración alguna y se desconoce su paradero.
Esperan liberación de presos políticos. La oposición venezolana confía en que el gobierno del presidente Nicolás Maduro excarcelará a 114 presos políticos.
El diputado Luis Florido, uno de los negociadores de la opositora Mesa de la Unidad Democrática (MUD) en las mesas de diálogo que iniciaron el 1 de diciembre en República Dominicana, dijo que de la lista de “382 presos políticos” pueden ser liberados 114 luego de que se firme un acuerdo.
Precisó que 27 presos pueden tener medida humanitaria por enfermedad y otros pueden tener “medidas cautelares”. Sin embargo, entre ellos no se cuenta a Leopoldo López, en prisión domiciliaria.
