Expertos en temas electorales consideraron inviable la realización de elecciones extraordinarias para definir los 46 espacios a magistraturas y juzgados que fueron anulados por el Instituto Nacional Electoral (INE).
En la reforma judicial propuesta por el Ejecutivo y avalada por Morena, la Constitución no prevé un procedimiento para resolver los casos en que los candidatos ganadores no cumplan con los requisitos preestablecidos, “no hay una respuesta”, señaló Francisco Burgoa, abogado constitucionalista, en entrevista con EL UNIVERSAL.
Explicó que el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) debe ceñirse a lo que establece la reforma constitucional del Poder Judicial, en su artículo décimo primero transitorio, que dice: “Para la interpretación y aplicación de este decreto, los órganos del Estado y toda autoridad jurisdiccional deberán atenerse a su literalidad y no habrá lugar a interpretaciones análogas o extensivas”.
En ese sentido, expuso que el Tribunal Electoral no debería otorgar el cargo a los candidatos que quedaron en segundo lugar en la elección judicial “porque lo tiene prohibido por la propia Constitución”, y “esa conclusión sería la que le convendría a Morena”.
“Ahora que se resuelvan las impugnaciones ante la Sala Superior del Tribunal Electoral, en mi opinión, no deberían de asumir un criterio en ese sentido, de que las candidaturas que fueran declaradas nulas, implicará entonces que debe de tomarse como ganadores a quienes hayan obtenido el segundo lugar en la votación, en esos 46 cargos, eso no lo dice la Constitución, y el Tribunal Electoral no debería de asumir una interpretación para llegar a esa conclusión”, apuntó.
El catedrático de la UNAM dijo que si el TEPJF se atiene a la literalidad de la reforma judicial, debería convocar a una elección extraordinaria de la jornada del 1 de junio; sin embargo, eso es inviable en términos legislativos y administrativos, por lo que la solución sería dejar vacantes los cargos y elegirlos en el proceso de 2027.
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“Para mí, lo más viable sería que se queden vacantes, y por lo tanto, los secretarios de juzgado o de tribunal serían los que debiesen de estar asumiendo esos cargos de forma interina, y de aquí esperarse hasta las elecciones de 2027”, comentó Francisco Burgoa.
Por su parte, Marco Antonio Baños, exconsejero del INE, refirió que los comités de evaluación no hicieron su trabajo de manera correcta, por lo que el Tribunal Electoral debería respaldar la decisión del INE de dejar vacantes los cargos de los candidatos que no cumplieron con los requisitos.
“Por el momento, el INE las declaró vacantes y la palabra final, que esperemos se confirme. Sería un nuevo escándalo que el tribunal revocará las decisiones del INE en esta materia, cuando queda claro el apresuramiento al trabajo mal hecho en la ley, o una revisión absolutamente defectuosa de los comités de evaluación, ha llevado a que el INE tenga que tomar este tipo de decisiones”, comentó en entrevista con este diario.
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El también catedrático de la UNAM coincidió en que se deben dejar vacantes los cargos y que se vuelvan a elegir en 2027, cuando se renovará la otra mitad de los integrantes del Poder Judicial.
“Creo que lo sensato es tomar nota de lo que ha ocurrido y mandar, o sea, confirmar lo que el INE ya detectó, que yo creo que al INE no escapa de que se le hayan colado algunos otros casos, pero bueno, es lo que por el momento detectó el INE, y creo que el tribunal debe convalidar y sumar estos cargos a la mitad de los que se van a elegir en el 2027, para evitar una elección de tipo extraordinario”, expresó.
Finalmente, advirtió que la elección de 2027 podría tener más problemas porque se elegirán 17 gubernaturas, 31 congresos locales y 30 estados van a elegir ayuntamientos, que se sumarán a la elección extraordinaria del Poder Judicial.