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Cerca de 86% del personal educativo en México percibe que el presupuesto asignado a las escuelas es insuficiente para atender las necesidades educativas de niños y adolescentes migrantes, mientras que otro 40% considera que niños y adolescentes en contexto de movilidad sufren discriminación en la escuela y recomiendan visibilizar esa situación, de acuerdo con el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF).
“La niñez y adolescencia migrantes son de los grupos de población en condiciones de mayor vulnerabilidad, a los cuales generalmente se le niega el acceso a la educación [comunitaria o escolarizada] y, en consecuencia, a un espacio seguro y protector en donde se les brinden herramientas y habilidades fundamentales para la vida, así como oportunidades para un presente y un futuro mejor”, señaló el organis-mo internacional.
“Independientemente de su situación migratoria, los niños y adolescentes tienen derecho a la educación, lo cual se estipula en instrumentos internacionales que México ha ratificado, en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en el marco jurídico nacional”, señaló Maki Kato, representante adjunta de UNICEF en México, quien resaltó que “es una responsabilidad compartida el garantizar que todos los niños y adolescentes, sin distinción, tengan ese derecho cumplido”.
Expresó que aunque son las mismas condiciones de movilidad las que hacen indispensable un ejercicio estandarizado que permita identificar las barreras que enfrentan los niños y adolescentes migrantes y sus familiares para ejercer plenamente su derecho a la educación, en México existen pocos estudios al respecto.
Tampoco se cuenta con datos estadísticos o sistemas de información que den seguimiento a las solicitudes de acceso ni a las trayectorias educativas de esta población, lo cual imposibilita la toma de decisiones sobre cómo mejorar sus necesidades educativas.
Por ello, UNICEF México y la Secretaría de Educación Pública realizaron el diagnóstico Infancias en movilidad y barreras para su educación, que menciona que 71% del personal educativo señala que conoce la Normativa de Acceso y Control Escolar de la Secretaría de Seguridad Pública (SEP), que establece los requisitos para la inscripción en las escuelas; sin embargo, únicamente dos de cada 10 personas encuestadas pudieron describir sus componentes.
Según el estudio, este desconocimiento de la normatividad se suma a la escasa información sobre la oferta educativa y la forma de acceder a la educación a la que tienen acceso padres y personas cuidadoras de niños y adolescentes migrantes, incluso nacionales, quienes se enfrentan también a estas barreras.
También en el estudio las familias señalan sentir miedo por la inseguridad y los riesgos que se corren fuera de los albergues, por lo que salir a la escuela no es una opción. Las familias priorizan necesidades como la seguridad, los recursos económicos y la vivienda, dejando en último lugar la educación.
El diagnóstico de la UNICEF resalta, además, que México tiene las herramientas para mejorar las condiciones de atención educativa, cobertura y calidad de aprendizaje de niños y adolescentes migrantes durante su estancia y su trayecto por el territorio nacional.
