Ven daños a proyecto que sustituyó al NAICM

La Auditoría Superior de la Federación (ASF) detectó posibles daños al erario por 62.7 millones de pesos en el proyecto ecológico Lago de Texcoco, la obra que sustituyó al cancelado Nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (NAICM).

El monto corresponde a pagos en exceso por trabajos no ejecutados, deficiencias técnicas y anomalías administrativas de la Comisión Nacional del Agua (Conagua), responsable de su construcción.

De acuerdo con el Informe de la Cuenta Pública 2024, se detectaron pagos por tramos de carpeta asfáltica de 10 centímetros de espesor que nunca fueron colocados, así como diferencias entre los montos autorizados y los reportados por la dependencia.

La ASF documentó filtraciones de agua, presencia de salitre y discrepancias entre materiales presupuestados y los realmente instalados, lo que evidenció fallas en la supervisión y control del gasto público.

El órgano fiscalizador señaló que el proyecto presenta una mezcla de obras incompletas, mala ejecución y sobrecostos atribuibles a deficiencias administrativas de Conagua, por ello, emitió tres promociones de responsabilidad administrativa sancionatoria, un pliego de observaciones y una solicitud de intervención del Órgano Interno de Control (OIC) para determinar posibles sanciones y la recuperación de los recursos públicos.

Aunque el dictamen concluye que Conagua cumplió en términos generales con la normativa, la ASF advirtió que “las anomalías deberán solventarse para deslindar responsabilidades y garantizar la correcta aplicación del presupuesto federal en una de las obras emblemáticas”.

Deficiencias en planta de tratamiento de aguas de San Antonio de los Buenos

La ASF también observó irregularidades en el proyecto de la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales de San Antonio de los Buenos, en Baja California, ejecutado por la Conagua en coordinación con la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena).

El informe indica 1.7 millones de pesos por aclarar, derivados de intereses no enterados a la Tesorería de la Federación y pagos injustificados en la compra de materiales sin relación con la obra.

Además, el proyecto operó sin contar con la vigencia del resolutivo ambiental emitido por la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, vencido desde febrero de 2024, pese a que el convenio de colaboración continuó durante ese mismo año.

La ASF comprobó que no se transfirieron los intereses generados por más de 600 millones de pesos en cuentas concentradoras y que se justificaron gastos ajenos al proyecto, como mantenimiento de pozos no vinculados a la planta.

Las omisiones, concluyó, reflejan debilidades en la planeación financiera y en la gestión de los convenios entre Conagua y Sedena.