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La bancada de Movimiento Ciudadano (MC) en el Senado presentó una iniciativa para reformar la Ley de Migración y crear el Registro de Detenciones de Personas Migrantes, con el fin de que México cumpla los tratados y recomendaciones internacionales, así como la disposición transitoria de la normativa nacional en la materia.
En un comunicado, señaló que frente al despliegue de más de 25 mil elementos de la Guardia Nacional y la detención de miles de personas de ese sector que transitan a Estados Unidos urge que las autoridades implementen ese registro para salvaguardar sus derechos humanos, el debido proceso y prevenir actos de tortura, desaparición forzada o prácticas arbitrarias.
Afirmó que hasta septiembre de este año, 150 mil migrantes habían sido detenidos en el país e ingresados a estaciones migratorias, sin que exista un reporte de sus detenciones y del proceso en el que se encuentran.
“En cuestión de pocos meses, la política de brazos abiertos para los migrantes que huyen de la pobreza y la violencia se transformó en la más grande cacería de ese sector en la historia de México”, indicó.
La propuesta de la fracción del partido naranja establece la creación de una base de datos que concentre la información a nivel nacional sobre las personas migrantes detenidas, misma que se actualizará a medida que se realiza el proceso administrativo y hasta la puesta en libertad.
Este sistema, detalló, podría consultarse públicamente y serviría como una herramienta para que los familiares de las personas migrantes puedan localizarlos en caso de ser detenidos.
Además, la administración y operación del registro, al igual que el sistema de consulta, estarían a cargo del Instituto Nacional de Migración [INM], que emitiría las disposiciones necesarias para la adecuada captura, ingreso, envío, recepción, manejo, consulta y actualización de la información.
Los senadores sostienen que es esencial la aprobación de este registro para que la Guardia Nacional y el INM no sean “rehenes de intereses y agendas ajenas” al Estado mexicano.
La reforma plantea que cuando el INM, o cualquier otra institución que la auxilie, detenga a un migrante se deberá realizar el registro inmediato, y su traslado se registrará con dispositivos de geolocalización.
