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Ante la grave situación de violencia física y sexual que padecen en su hogar las mujeres y que en algunos casos las ha llevado a privar de la vida a sus cónyuges o parejas sentimentales, el coordinador del PRD en el Senado, Miguel Ángel Mancera, presentó una iniciativa de reforma al artículo 309 del Código Penal, para atenuar las penas que tienen que pagar ellas.
El objetivo es que las mujeres que son víctimas de maltrato y humillaciones y se convierten en victimarias no sean colocadas en el supuesto del homicidio calificado, que conlleva a una pena de 30 a 60 años de prisión, sino que sean consideradas como sujetos activos de un homicidio simple.
De esta manera, se establecería en el Código Penal Federal el supuesto que corresponde a legítima defensa sin confrontación, para aquellos casos en los que la víctima sistemática de abuso sexual o físico priva de la vida a su pareja, como mecanismo de defensa.
Además, se adiciona el atenuante de exceso en legítima defensa, en tanto se genera un perjuicio o un mal que excede el bien presente.
“Por ejemplo, si una mujer mata a su pareja (...) quien la sometía a violencia física o sexual, se le imputaría un homicidio simple, cuya pena máxima serían 24 años de prisión.
“La atenuante referida disminuiría la pena máxima de dicha acción a seis años de prisión”, explica el perredista.
En su exposición de motivos, Mancera señala que, de acuerdo con el Panorama nacional sobre la situación de la violencia contra las mujeres publicado por el Inegi, el año pasado 8 millones 421 mil 37 mujeres reportaron haber sufrido violencia física y/o sexual por parte de su pareja. De ellas, 35.8% refirió haber tenido daños físicos, como moretones e hinchazón (83.3%) y hemorragias o sangrado (14.4%). Además, según los reportes mensuales del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), en abril de 2020 se registraron 103 mil 117 llamadas relacionadas con violencia sexual, familiar y contra las mujeres.
Mancera explica que la norma penal que propone toma en consideración que el acto de privar de la vida en una situación de no confrontación no se equipara a la legítima defensa.
“Sin embargo, se reconoce la condición especial de la persona que se encuentra en una situación de violencia y peligro continuado”, agrega.
La iniciativa propone: “Se considerará homicidio simple, en términos del artículo 307, y exceso en la legítima defensa, en términos del artículo 16, la comisión del delito de homicidio, aun cuando presente calificativas establecidas en el Código Penal.
“Cuando sea cometido por una persona que: haya sido víctima sistemática de violencia familiar, física y/o sexual, en términos de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia por parte del sujeto pasivo del delito.
“Cuente con elementos o antecedentes que razonablemente sostengan la consideración de que su vida o integridad física se encuentra en peligro.
“Que la privación de la vida tenga como finalidad preservar su integridad física.
“Se presumirá, salvo prueba en contrario, que se encuentra en este supuesto, la persona que haya cometido el delito de homicidio, cuando le hayan sido otorgadas órdenes de protección en términos de la Ley General de Acceso a las Mujeres a una Vida Libre de Violencia.
“La misma reducción se aplicará para el caso de la tentativa de homicidio que actualice el supuesto del párrafo anterior”.
En la iniciativa, enviada al presidente de la Mesa Directiva de la Comisión Permanente, Eduardo Ramírez, Mancera advierte que “ignorar en la construcción del régimen de la legítima defensa y otras atenuantes en la responsabilidad en materia penal, sería desconocer los compromisos del Estado en contra de la violencia de género”.
