Un juez federal dio entrada a una demanda de amparo contra la creación del banco de ADN de la Ciudad de México, con el que se busca generar un registro de agresores sexuales, secuestradores y feminicidas, entre otros.
La demanda, presentada por las organizaciones R3D: Red en Defensa de los Derechos Digitales y Reinserta, fue admitida por el juez Primero de Distrito de Amparo en Materia Penal.
Las asociaciones indicaron que el Congreso capitalino no tiene competencia para legislar en materia procesal penal y que la ley del banco de ADN, emitida por los diputados locales, establece preceptos contrarios a lo que dicta el Código Nacional de Procedimientos Penales.
Agregaron que se viola los principio de presunción de inocencia y reinserción social.
“Se pretende incluir en la base de datos por tiempos prolongados o indefinidos a un número amplísimo de personas que no han sido condenadas de ningún delito o que ni han sido acusadas de ello.
Eso los hace más susceptibles de ser vinculados como sospechosos de cometer ilícitos”, explicó Luis García, director de R3D.
Pecisó: “La permanencia del registro de ADN de personas condenadas que hayan cumplido su pena los mantiene como ‘sospechosos comunes’, violando los principios de no discriminación y el de reinserción social”.
Además, indicaron que crear esa base de datos, la cual retenga de manera masiva e indiscriminada la información genética de un gran número de personas que en su mayoría no se han visto ni se verán involucradas en un hecho delictivo constituye una restricción injustificada y desproporcional del derecho a la privacidad.
Al momento de generar la ley, el Congreso capitalino indicó que el banco de datos será de uso forense en investigaciones vinculadas a delitos sexuales, secuestro, feminicidio y violaciones.
De acuerdo con la legislación, se conformará por cinco grandes categorías. También incluirá información de los prestadores de servicios de seguridad privada y de las personas que de manera voluntaria aporten su material genético para el esclarecimiento de algún delito.
Los elementos archivados sólo podrán utilizarse para identificar tanto a agresores sexuales como a secuestradores.
