Más Información
FGR ya investiga a alcaldesa de Coalcomán, Michoacán, por agradecer juguetes del “Mencho”; hay más de 10 funcionarios en la carpeta
"Agradecemos al señor Nemesio Oseguera"; ayuntamiento de Coalcomán, Michoacán, emanado de MC, agradece al "Mencho" y al CJNG por entrega de juguetes
Vladimir Putin ofrece disculpas por “trágico incidente” de avión azerbaiyano; sistema antiaéreo ruso estaba activo durante accidente, admite
Detienen y luego liberan a Melanie, joven brutalmente golpeada en Tamaulipas; la acusaban de presunto robo
Año Nuevo: festejos serán sin cohetes en Ángel de la Independencia y alcaldías; buscan evitar que suba la contaminación
La Fiscalía General de la República (FGR) solicitó a un juez del Estado de México órdenes de aprehensión contra 19 exfuncionarios de las extintas Policía Federal y Comisión Nacional de Seguridad (CNS), que estuvieron a cargo del exsecretario de Gobernación (Segob), Miguel Ángel Osorio Chong, por su presunta responsabilidad en el delito de delincuencia organizada, con la finalidad de cometer operaciones con recursos de procedencia ilícita.
Entre ellos se encuentran la exsecretaria general de la PF, Frida Martínez Zamora, cercana al senador priista, y el exsecretario de Seguridad Ciudadana (SSC) de la Ciudad de México, Jesús Orta Martínez, en la mira por presunto desvío de recursos y compras a sobreprecio entre 2012 y 2018.
De acuerdo con fuentes judiciales, las acusaciones contra los exfuncionarios derivan de auditorías de la Secretaría de la Función Pública (SFP), a petición de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), con motivo del proceso de transición y extinción de la PF en 2019, en las que se detectaron irregularidades en la compra de equipo de inteligencia, armas, chalecos, uniformes y vehículos para la desaparecida corporación durante dicho periodo.
En su informe anual sobre la Estrategia Nacional de Seguridad Pública, que presentó en julio al Senado, el titular de la SSPC, Alfonso Durazo, reportó que derivado de las auditorías se halló el desvío de más de 2 mil millones de pesos de la partida de Gastos de Seguridad Pública y Nacional, en las pasadas administraciones.
Por lo que se presentaron las denuncias penales ante la FGR, las cuales están siendo judicializadas, como es el caso de la averiguación contra los 19 exfuncionarios de la Policía Federal y la CNS, que estaban adscritos a la Secretaría de Gobernación en el sexenio pasado.
La mayoría de los 19 acusados tenían cargos relacionados con la organización y administración de recursos humanos y financieros de la desaparecida PF, que fue sustituida por la Guardia Nacional.
Orta Martínez se desempeñó como secretario general de la Policía Federal (2012-2014), oficina que se encargaba de la organización y administración de los recursos humanos, financieros y materiales de la desaparecida corporación. Además, fue director general en el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP).
En 2015, Martínez Zamora, directora general de Recursos Materiales y Adquisiciones de la Oficialía Mayor cuando Miguel Ángel Osorio fue gobernador de Hidalgo, llegó a la Secretaría General de la Policía Federal y dejó el cargo en enero de 2018, el mismo mes en el que el otrora secretario renunció a la Segob para buscar una senaduría.
Otros implicados
Los otros exfuncionarios por los que la FGR solicitó orden de aprehensión son Carlos Hipólito Rivera Codina, perteneció a la división de Fuerzas Federales de la PF y actualmente labora como director de Servicios Especiales de la Guardia Nacional.
Eleuterio Enrique Pérez Romero, exjefe de Departamento en la Segob y también perteneció a la Policía Federal Preventiva, según el registro de servidores públicos del gobierno federal.
La fiscalía también solicitó orden de captura contra Federico Emilio Metzger Sánchez Armas, director de área en la División de Fuerzas Especiales de la Policía Federal, en la pasada administración, y Francisco Javier Cruz Rojas, exintegrante de la División Antidrogas de la PF.
Osvaldo Martínez Hernández, subdirector de área de la Dirección de la Tesorería de la PF; Ramón Jesús Sánchez Cañedo, quien estuvo en el área de Registro Contable de la Policía Federal; Carmen Patricia Quiñonez Piña, quien se desempeñó como directora general adjunta de enlace administrativo en la División de Fuerzas Federales de dicho cuerpo de seguridad, quien es acusada de un presunto daño a la Hacienda pública federal por 278 mil 862.84 pesos.
En la lista también se encuentran Édgar Ulises Calderón Luna, Leonel Ignacio Orozco Padilla, Leopoldo Martínez Escamilla, Jorge Carlos Ruiz Alavés, Israel Luna Espinosa, José Manuel Correa Flores, María Eldy Sosa Calderón, Verónica Tlahuitzo Pérez, Mercedes Hernández Rodríguez y Everardo Guzmán Linares.
Hasta el momento se desconoce si los mandamientos judiciales ya fueron otorgados a la Fiscalía General de la República.