La Agencia Federal Anticorrupción que plantea la virtual presidenta electa Claudia Sheinbaum se perfila para contar con agentes especializados en investigación de hechos de corrupción.
Se trata de personal que estará capacitado exprofeso y cuya labor central será investigar y sustanciar las responsabilidades administrativas graves de los servidores públicos y de los particulares vinculados con hechos de corrupción, y llevar esos casos ante el Tribunal Federal de Justicia Administrativa para la fase de resolución.
Así se delinea lo que será la reforma para crear la Agencia Federal Anticorrupción que prometió Sheinbaum Pardo en campaña.
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Lo anterior se detalla en el documento denominado Diálogos por la transformación en el rubro “Gobierno honesto y combate a la corrupción”, que fue socializado entre los diputados electos de Morena por parte del Instituto Nacional de Formación Política del partido guinda el fin de semana pasado.
En el texto se puntualiza que la administración de Claudia Sheinbaum hará del combate a la corrupción “una política de Estado” y se detalla que la agencia permitirá resolver el problema estructural de impunidad en casos irregulares y de corrupción cometidos por servidores públicos.
También, que será un órgano altamente especializado y dotado de las mayores herramientas y capacidades para investigar y perseguir, por la vía administrativa, actos de corrupción para que sean sancionados.
“Quedará a cargo de la investigación y sanción de licitantes, proveedores y contratistas por infracciones a las leyes de adquisiciones y de obras”, detalla.
Quienes lo integren, sostiene, serán perfiles especializados en investigación de hechos de corrupción; sin embargo, el bosquejo no define métodos de selección ni reglas de postulación.
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La agencia tendrá facultades para la presentación de denuncias ante la Fiscalía General de la República (FGR) “con los elementos de prueba necesarios para evitar la impunidad también en el ámbito penal”. Se asegura que con la creación de la Agencia Federal Anticorrupción “se rediseñará el rol de la SFP en la consolidación de un buen gobierno”.
La agencia federal contará asimismo con capacidad para elaborar políticas de prevención de la corrupción, realizar acciones de profesionalización y políticas de recursos humanos en la administración pública, diseñar políticas de contrataciones públicas, nombrar y remover a titulares de las Unidades de Administración y Finanzas y hacer labores de evaluación de la gestión gubernamental, así como desarrollar programas de mejora de la administración pública.
El modelo anticorrupción de Sheinbaum Pardo también incluirá cambios legales para promover la responsabilidad penal de empresas, modificar la facultad de atracción y criterios de priorización para casos penales de corrupción, crear una política nacional de investigación y persecución penal, establecer el reconocimiento a las víctimas de la corrupción como sujetos procesales, crear un sistema de inteligencia anticorrupción, impulsar un programa de protección y beneficios a denunciantes, testigos o imputados, así como fortalecer a un mejor sistema de fiscalización.
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Lo anterior, se asegura, irá acompañado de una reforma profunda de las corporaciones policiacas, las procuradurías y fiscalías, ministerios públicos y del sistema judicial, a nivel federal y local; de la creación de una ley general que regule los principios y normas básicas de contratación para todas las instituciones públicas y de una iniciativa para tipificar como delito la simulación de contrataciones públicas por particulares y empresas como acto de corrupción grave, “que hoy resultan impunes a pesar de que es la principal manera de desviar recursos públicos en nuestro país”.
Finalmente, se detalla que la creación de la Agencia Federal Anticorrupción no deberá generar inversión presupuestal: “Se crea sin implicaciones de impacto presupuestal en un esquema de costos compensados con una parte de la estructura actual de la Secretaría de la Función Pública”.
En el documento se informa que para la construcción de la propuesta se consultó a instituciones públicas, organizaciones de la sociedad civil, instituciones académicas y especialistas, como el Inegi, el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, la Fiscalía Especializada en combate a la corrupción, el Instituto Nacional de Acceso a la Transparencia y Protección de Datos, la Secretaría de la Función Pública, el Instituto Mexicano para la Competitividad, el Consejo Coordinador Empresrial, Ethos y México Evalúa, entre otras.
