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El Instituto Nacional Electoral (INE) emitió la convocatoria de licitación para contratar la infraestructura de cómputo, a fin de hacer posible el Sistema de Voto Electrónico por Internet en 2021, para lo que se invertirán, en tres años, de 39.6 a 66.4 millones de pesos.
El contrato será trianual (2019-2021) y la empresa a la que se adjudique deberá desarrollar el sistema, realizar ajustes y ponerlo en funcionamiento; pruebas de desempeño, de antihackeo, de estrés y de volumen; realizar análisis de vulnerabilidades y proporcionar módulo criptográfico, infraestructura en la nube y acompañar simulacros y auditorías.
Este será el sistema-base que eventualmente podrán usar los mexicanos que viven en el extranjero para emitir su voto a distancia y, en caso de que el INE lo autorice, en los comicios de 10 estados en los que la ley permite el sufragio de connacionales en el exterior.
En entrevista, el consejero Enrique Andrade, presidente de la Comisión Temporal para el análisis de las modalidades del voto electrónico de mexicanos residentes en el extranjero, explicó que el desarrollo del sistema será contratado, pero el INE hará adecuaciones para garantizar su operatividad.
Sin embargo, aún faltarán auditorías y la decisión final sobre las elecciones en las que podrá aplicarse, por ahora expuso que el INE ya ha dado pasos firmes para hacer realidad esa modalidad del voto.
El 8 de mayo, recordó, el INE aprobó lineamientos sobre los requisitos que deberá tener el sistema, que son al menos cuatro: que sea verificable por los partidos y autoridades electorales, “que no haya nada en él al empezar a recibir la votación, que esté vacío”.
El segundo, que se pueda verificar que el ciudadano que vaya a votar sea el que tiene derecho, para evitar suplantación o que vote quien no tiene derecho.
“Queremos que el sistema garantice que el ciudadano que está votando sea quien dice ser, y para eso se pedirá la credencial, pero también podríamos pedir que tenga un celular, un correo electrónico y acceso a internet para que, como se hacen transferencias bancarias, con un sistema de verificación de dos pasos, acceder al sistema y pueda darse un voto individual”.
Lo tercero es que el ciudadano “pueda votar, por ejemplo, dentro de un plazo de 10 o 12 días para sufragar por internet, y también que pueda cambiar su decisión hasta un día antes de las elecciones, por ejemplo. Esto, para evitar la coacción, por si no fuera totalmente libre y pudiera rectificar”.
Un cuarto requisito es que, al cierre de la votación por internet, partidos e INE tengan las claves necesarias para verificar cómo se van a estar contando los votos, cómo se va a verificar para quién fue ese voto y determinar el resultado.
“Esos son los cuatro requisitos mínimos, pero hay otras opciones. Por ejemplo, que se pueda imprimir un recibo del voto, pero lo más importante es que no pueda ser hackeado, que sólo vote quien tenga derecho y que los resultados no puedan ser alterados”.
El pasado miércoles, el INE emitió Lineamientos para la Auditoría al Sistema de Voto Electrónico por Internet, y Andrade recordó que la ley establece como condición para el voto electrónico que el sistema debe ser auditado por dos empresas de prestigio internacional.
En lo aprobado se hizo “una interpretación de lo que el legislador quiso decir al señalar empresas de prestigio internacional. La interpretación es que no sólo sean compañías, sino instituciones de carácter académico, y esto se sustenta en que lo más importante es generar confianza”.
Reconoció que no hay certeza de que eso pudiera abaratar el costo de las auditorías, que en 2016 se estimaron en 43 millones de pesos.
