Una veintena de exmandos del sistema penitenciario federal están citados ante un juez federal por supuestas irregularidades en la contratación, adjudicación y construcción de ocho Centros Federales de Readaptación Social, que costaron más de 200 mil millones de pesos al erario.
Por tercera ocasión, en la causa penal 45/2021, está programada para este lunes a las 10:00 horas la realización de la audiencia inicial en el Centro de Justicia Penal Federal del Reclusorio Sur, en la que la Fiscalía General de la República (FGR) busca imputar delitos cometidos por servidores públicos.
Las dos ocasiones anteriores no se pudo realizar la audiencia porque los imputados desconocían la carpeta de investigación y porque cuando ya estaban todos notificados, Javier Haro de Alva, exdirector del Órgano Administrativo Desconcentrado de Prevención y Readaptación Social (OADPRS), se excusó de asistir por cuestiones de salud.
Haro de Alva logró que la FGR le concediera un criterio de oportunidad a cambio de convertirse en testigo colaborador.
Con la información que aportó, la FGR integró la carpeta contra él y el resto de los exservidores públicos, aunque también está obligado a presentarse en la diligencia de hoy.
También está citada Celina Oseguera Parra, quien es excoordinadora nacional de los penales federales.
El caso derivó de la investigación en la que, en 2021, otro juez federal en el Centro de Justicia del Altiplano, Estado de México, ordenó aprehender a Genaro García Luna, exsecretario de Seguridad Pública durante el sexenio del expresidente Felipe Calderón Hinojosa, por la firma de ocho contratos por 270 mil millones de pesos en los penales federales por adjudicación directa.
Los exfuncionarios han sido señalados por el pago a sobreprecio de 62 mil 840 millones de pesos en ocho contratos, en los que se invirtieron 270 mil millones de pesos para la construcción de los penales federales de Michoacán, Sonora, Durango, Guanajuato, Chiapas, Oaxaca, Coahuila, así como Morelos.
Otro exmando citado es el general Salvador Camacho Aguirre, quien participó en los operativos de Tanhuato y Nochixtlán, en la extinta Policía Federal (PF), así como el excoordinador de penales y exdirector del H. Colegio Militar, el general Sergio Alberto Martínez Castuera.
También se llamó al exdirector General de Administración del OADPRS, Paulo Uribe, quien cuenta con orden de aprehensión relacionada con el desvío de 3 mil millones de pesos en la Secretaría de Gobernación (Segob), asunto por el que la FGR también busca detener al empresario Víctor Manuel Álvarez Puga y a su esposa, Inés Gómez Mont.
