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Funcionarios federales y empresarios se pronunciaron por que la práctica del outsourcing sea regularizada y actualizada; además, se manifestaron para erradicar la subcontratación “desleal y abusiva”, pues merma los derechos laborales y defrauda al fisco.
El titular del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), Zoé Robledo, hizo un cálculo conservador y detalló que se han perdido 21 mil millones de pesos por las firmas que no han registrado a sus trabajadores adecuadamente.
Ese monto, dijo, se pudo haber invertido en la compra de 55% más de fármacos, equipo médico, para construir 14 hospitales de segundo nivel o 210 unidades de medicina familiar.
Advirtió a los empresarios que se quieran seguir haciendo trampa y se sigan portando mal que sus empresas quebrarán, pues esto se va a intensificar en 2022 y 2023.
“Cuando un trabajador llegue al Seguro Social y los denuncie, y establezcamos los capitales constitutivos, éstos van a quebrar a estas empresas, que engañadas o en conocimiento de lo que estaban haciendo, fueron generando estas afectaciones que en el cálculo retroactivo pueden calcularse por un trabajador en millones”, explicó.
En este contexto, el sector privado reafirmó su rechazo a la sobrerregulación de la industria de la subcontratación laboral y su respaldo al combate frontal de las malas prácticas y a los abusos que cometen algunas empresas en perjuicio de trabajadores y el fisco.
La industria de la subcontratación demandó a los legisladores poner fin a la incertidumbre para la inversión y el empleo que ha generado este debate. También pidió no cargar nuevas regulaciones al sector que sólo agravarían la informalidad y el desempleo.
Javier Treviño, representante del Consejo Coordinador Empresarial (CCE), advirtió que “una regulación altamente restrictiva tendría efectos nocivos para la economía y las exportaciones”, pues grandes industrias —como la automotriz, aeroespacial, electrónica y minera—, hacen uso extensivo de esta forma de contratación.
Elena Achar, representante de la Confederación de Cámaras Nacionales de Comercio, Servicios y Turismo (Concanaco), sostuvo que la Cámara de Diputados debe alejarse de iniciativas que ponen en peligro la supervivencia de los pequeños y medianos negocios que generan 95% de los empleos en el país.
Armando Piedra, director general de la revista fiscal IDC, destacó que lo único que hay que hacer es aplicar la ley y coincidió en que sería un grave error prohibir, eliminar o sobrerregular la subcontratación laboral.
En este caso, la secretaria del Trabajo y Previsión Social (STPS), Luisa María Alcalde, se pronunció por regular el outsourcing abusivo. Acusó que esta práctica se ha convertido en un cáncer que ha crecido en los últimos años, la cual ha contaminado y precarizado el mercado laboral.
Explicó que el registro de empleados con salario mínimo, pese a obtener más recursos, se ha convertido en “deporte nacional”.
Por ello, agregó que buscan alejar, castigar y regular tanto la corrupción como la simulación para proteger las fuentes de empleo, “que realmente le dan a este país lo que se merece”.
En tanto, el titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), Santiago Nieto, reveló que se han presentado 51 denuncias: 30 relacionadas con empresas fachada, 15 de facturación apócrifa y operaciones simuladas, y seis relacionadas con outsourcing ilegal.
“El punto central es que en muchas de las ocasiones en que estamos en presencia de outsourcing ilegal, vemos empresas fachada.
“Hay que recordar que la legislación, tal como fue modificada recientemente, señala que la facturación apócrifa es un delito equiparable a la delincuencia organizada”, precisó.
El subsecretario de la Secretaría del Trabajo, José María Morelos Ordaz, dio a conocer que el año pasado realizó 4 mil 500 inspecciones a empresas para hacer revisiones.
El 30% de las firmas visitadas a nivel nacional, dijo, “no cuentan con trabajadores, existe su registro y su declaración. Producto de todas ellas están en curso los procedimientos administrativos para sancionarlas”.
