“Las leyes, así como las premisas fundamentales desde las cuales se aplican o se interpretan, se han construido desde una mirada eminentemente masculina que nos asigna conductas y comportamientos basados en estereotipos de género”, afirmó la presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Norma Lucía Piña Hernández.
Esta situación, añadió la ministra, “vuelve a la discriminación en un problema estructural y niega la principal razón de ser de los sistemas de justicia: garantizar la igualdad y dignidad de todas las personas”.
Bajo esa premisa llamó a las juzgadoras y juzgadores federales a identificar las acciones inmediatas que desde el Poder Judicial de la Federación se puedan realizar sin demora para enfrentar las principales barreras que enfrentan las mujeres en el proceso penal.
Al inaugurar las mesas de diálogo Derechos Humanos, Proceso Penal y Perspectiva de Género, Piña Hernández afirmó que el poder punitivo del Estado tiende a criminalizar a las personas de origen étnico diverso, en situación de pobreza, indígenas, a quienes consumen sustancias adictivas, a las precarizadas en sus condiciones laborales o de salud.
“Por ello, hablaremos del enfoque interseccional, que no solo debe aplicarse en casos en que las mujeres se ven afectadas por delitos, sino también para comprender los contextos diferenciados de las mujeres que enfrentan acusaciones”, indicó Piña Hernández.
Señaló que durante tres días la SCJN analizará los actos y las distintas etapas del proceso, incluyendo la ejecución penal, para identificar dónde debe reforzarse la protección y perspectiva de género a las mujeres, tanto a las víctimas u ofendidas, como a quienes enfrentan acusaciones o están en conflicto con la ley.
“Debemos poner particular atención a los problemas que surgen durante la investigación y el juicio. Tomaremos como referencia las violaciones a derechos humanos más graves y que afectan a las mujeres: feminicidios, trata de personas y desapariciones forzadas.
“Nuestra obligación es advertir las múltiples barreras que enfrentamos las mujeres para acceder efectivamente a la justicia. Es combatir los terribles números que definen la impunidad en nuestro país. Es proteger a las que están; a las que no sabemos dónde están y son buscadas desesperadamente por sus personas queridas, así como lograr justicia efectiva para las que ya no están”.
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