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A casi tres años de que se aprobó y se implementó la Guardia Nacional, apenas dos de cada 10 elementos cumplen con su certificado de capacitación profesional , es decir, solo el 20% de los elementos que hoy ya están en las calles, por lo que es urgente corregir este proceso, aseveró el coordinador de Movimiento Ciudadano en el Senado, Clemente Castañeda.
En contraste, dijo que pese a los recortes presupuestales y el abandono del Gobierno Federal, las policías estatales tienen un avance del 70% y las municipales del 67%.
Ante ello presentó un exhorto al Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, al Centro Nacional de Certificación y Acreditación, y al Consejo Nacional de Seguridad Pública, para diseñar a la brevedad una estrategia que permita dar celeridad a los procesos de certificación establecidos en el Esquema de Evaluación de Control de Confianza Específico para la Guardia Nacional.
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Además, presentar un informe al Congreso de la Unión sobre los avances mensuales, de mayo de 2019 a enero de 2022 en la certificación de los elementos de la Guardia Nacional.
Movimiento Ciudadano solicitó diseñar un programa de incentivos presupuestarios para reconocer a los municipios y las entidades federativas que registren avances significativos y el cumplimiento de objetivos.
“El Certificado Único Policial (CUP) es un requisito indispensable para toda persona que ejerza la función policial, ya que es mediante éste que se busca dar garantía del profesionalismo y capacitación de los elementos de seguridad pública”, destaca el punto de acuerdo publicado en la Gaceta Parlamentaria.
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“El CUP es un proceso integral compuesto de cuatro elementos: la formación inicial, la evaluación de competencias, la evaluación de desempeño y, finalmente, el control de confianza. De ahí se desprende la relevancia e importancia de que los elementos de las corporaciones policiales lo obtengan y aprueben de manera periódica”.
Cuando se aprobó la Ley de la Guardia Nacional, se estableció en el Artículo Cuarto transitorio un plazo máximo de dos años para que, de manera gradual y progresiva, se realizarán las evaluaciones y certificaciones, sin embargo, por diversas consideraciones como la pandemia, se amplió el plazo hasta el 31 de mayo del 2024.
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