Un departamento en la colonia Nápoles, una pequeña oficina en la zona de Polanco y un local comercial que hoy es un restaurante-bar en Lomas de Chapultepec, fueron los domicilios fiscales de tres de las empresas vinculadas con la compra del software Pegasus con el que se espió a opositores, empresarios y periodistas en el sexenio pasado.
La empresa Constructora del Centro y del Bajío, S.A. de C.V., que entre 2015 y 2016 se adjudicó tres contratos por un total de 94 millones de pesos con la Comisión Nacional del Agua, tuvo su domicilio fiscal en Pennsylvania 15, edificio 3, departamento 401, piso 4, en la colonia Nápoles. Se trata de una unidad habitacional donde sólo hay condominios y ninguna oficina, fábrica o instalación industrial.
Esta empresa definida como fachada por la UIF, ofrecía servicios de construcción, reconstrucción y mantenimiento, no tiene página oficial en internet y no se promociona en redes sociales, en internet, no existe, aunque los contratos que obtuvo con Conagua, de acuerdo con documentos localizados en CompraNet dicen lo contrario.
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En uno de esos contratos, en poder de EL UNIVERSAL, se señala que Constructora del Centro y del Bajío, S.A. de C.V., es una empresa legalmente constituida, cuyo administrador único es una persona de nombre Cristian Escalante Leyte.
El contrato firmado el 9 de febrero de 2016 por la apoderada legal de esa empresa, Claudia Pérez Salazar y el entonces director general del organismo de Cuenca Golfo Centro, Iván Hillman Chapoy, ascendió 62 millones de pesos, y consistió en la reconstrucción de la margen natural derecha del río Tesechoacán, en Veracruz.
Su domicilio registrado es el mismo que el de Constructora del Centro y del Bajío, S.A. de C.V.,: Pennsylvania número 15, edificio 3, departamento 401, piso 4, en la colonia Nápoles, Benito Juárez.
En el portal de CompraNet se hacen públicos sólo tres contratos con el gobierno federal por un monto total de 225 millones de pesos en 2013, todos por adjudicación directa.
Al tratarse de una “adjudicación directa nacional simplificada”, sólo se hace pública la resolución, pero no aparece un solo dato de la empresa, ni siquiera el nombre del representante legal.
Otra compañía fachada es Grupo Tech Bull S.A. de C.V., ubicada como una de las que vendió el programa de espionaje Pegasus a la Procuraduría General de la República (PGR) en 32 millones de dólares, tampoco tiene rastro.
En los contratos aparece que su domicilio para efectos legales se ubica en la calle Homero número 538, interior 303, en la colonia Polanco. Se trata de un pequeño edificio de oficinas; sin embargo, ese despacho se encuentra en renta desde hace más de dos años, según informaron a este diario los administradores del lugar.
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En tanto, Proyectos y Diseños VME S.A. de C.V., que ganó 30 contratos entre 2015 y 2017 por más de 34.5 millones de pesos, registra su domicilio fiscal en la avenida Prado Norte 400-C, Lomas de Chapultepec I Sección, en la alcaldía de Miguel Hidalgo, pero ahí se encuentra actualmente un restaurante-bar.
Su principal cliente fue la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), a la que le repararon herramientas, le vendieron refacciones, destruyeron armas por el método de fundición, y le forjaron piezas específicas.
Ofrecen desarrollo de tecnología avanzada como sistemas de localización de personas por medio de celulares; aparatos de reconocimiento facial, y equipos para inhibir las frecuencias en centros penitenciarios, entre otras, además de servicio de capacitación en inteligencia y contra inteligencia: “Nuestra organización integra el mejor ingenio mexicano con tecnología Israelí de primera”, señalan.
De acuerdo con la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), estas empresas están vinculadas a la compra del programa Pegasus, por el que la entonces Procuraduría General de la República pagó 32 millones de dólares y que sirvió al gobierno del presidente Enrique Peña Nieto para vigilar a políticos de oposición, empresarios, artistas y periodistas.
La UIF las ha definido como empresas fantasma o fachada y durante el periodo 20212-2018 obtuvieron contratos por 5 mil 914 millones de pesos con diversas dependencias del gobierno federal y de gobiernos locales.
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