En un análisis de las áreas de seguridad del gobierno federal se advierte que hay “una persistente debilidad institucional en los territorios más violentos” del país, en los que la presencia de las autoridades es “simbólica” o “cooptada”, generando zonas de gobernanza criminal efectiva.
El documento titulado Puntos de inflexión de los indicadores, eventos y aseguramientos de las dinámicas de narcotráfico, al que tuvo acceso EL UNIVERSAL, revela que a pesar de la narrativa oficial de desarticulación, las organizaciones delictivas han demostrado una capacidad regenerativa y esto representa un desgaste constante para las instituciones de seguridad, que operan con marcos rígidos frente a estructuras criminales adaptables.
“El crimen organizado actúa como un sustituto del Estado, ofreciendo empleo, seguridad y justicia, particularmente en regiones rurales o fronterizas. Esto erosiona la legitimidad institucional y complica cualquier intento de recuperación del tejido social.
“El crimen organizado en México no es sólo un fenómeno delictivo: es un actor político y económico que desafía la autoridad del Estado. La estrategia de seguridad 2025-2030 acierta en su mirada integral, pero aún no logra articular una respuesta que transforme las condiciones estructurales que permiten la reproducción del crimen. Sin legitimidad institucional, sin justicia local y sin control territorial efectivo, el Estado seguirá administrando la violencia, no resolviéndola”, subraya.
Identifica una reconfiguración en los cárteles, que han demostrado gran adaptabilidad tecnológica y logística, así como cambios significativos en los patrones de narcotráfico. Indica que organizaciones criminales, como los cárteles de Sinaloa y Jalisco Nueva Generación, ya no operan únicamente bajo lógicas de violencia armada o control territorial tradicional, sino que evolucionaron a modelos más flexibles que combinan fragmentación con redes especializadas de producción, trasiego y distribución de drogas.
Además, resalta una diversificación criminal que incluye su incursión en mercados como la minería ilegal, trata de personas y extorsión empresarial.
Es importante destacar que según la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública (ENVIPE) 2024, publicada en septiembre pasado por el Inegi, las pérdidas económicas promedio anuales a consecuencia del delito de extorsión fueron de 5 mil 363 pesos por víctima en 2023, casi el doble que un año antes, cuando el monto ascendía a 2 mil 726 pesos.
La encuesta también mostró que la extorsión era el tercer delito más frecuente en 2023, con 15.7% del total, y con una tasa de 5 mil 213 hechos por cada 100 mil habitantes.
Mutación
El análisis detalla una compleja mutación del crimen organizado en México que impone retos a las fuerzas de seguridad en el periodo 2025-2030 para contener, disuadir y desarticular a los grupos delictivos que operan en el país. Considera que la mutación de los cárteles y los cambios en los patrones del narcotráfico ponen en entredicho la capacidad del Estado para desarticular a los cárteles, que están operando bajo nuevos ejes: adaptabilidad, territorio y transnacionalización.
En el documento se considera que la actual estrategia de seguridad “arrastra inconsistencias de ejecución y diagnóstico”, y que el despliegue de las Fuerzas Armadas en los territorios más violentos del país no ha ido acompañado de un “verdadero” fortalecimiento institucional y de las policías municipales y estatales, que continúan desprotegidas y vulnerables a la corrupción o la violencia.
“Además, la lógica de puntos de inflexión —indicadores como aseguramientos o reducción de homicidios— puede ser engañosa”, pues advierte que “la criminalidad se está volviendo menos visible, pero más sistémica, lo que exige métricas de impacto social y económico, no sólo operativas”.
De igual forma, alerta que “la estrategia falla en reconocer el papel de las alianzas locales del narco, como grupos comunitarios, operadores políticos o empresarios que sirven de soporte a los cárteles. Sin una política anticorrupción territorializada y efectiva, cualquier esfuerzo de seguridad será parcial”. En contraste, destaca que la estrategia de seguridad acierta en reconocer el carácter “multidimensional” del crimen organizado.
“Ha incorporado enfoques que van más allá del uso de la fuerza, apostando por programas de desarrollo regional, prevención social del delito y fortalecimiento de capacidades locales. También ha priorizado la coordinación interinstitucional, especialmente en inteligencia financiera y cooperación internacional”. Asimismo, subraya un esfuerzo visible del gabinete de seguridad por mejorar la identificación y rastreo de sustancias químicas para la elaboración de drogas sintéticas, y detectar flujos ilícitos desde puertos y aduanas.
Según el reporte del gobierno federal, el aseguramiento de laboratorios clandestinos y precursores químicos no ha logrado que los cárteles, principalmente el de Sinaloa y Jalisco Nueva Generación, detengan la producción de drogas sintéticas, como el fentanilo, por el contrario, indica, han demostrado gran adaptabilidad tecnológica y logística. No obstante, destaca la disminución en eventos violentos, lo que, asegura, no implica menor criminalidad, sino una sofisticación que evita la visibilidad pública.
Epicentro del combate al narco
De acuerdo con el Reporte Internacional de la Estrategia de Control de Narcóticos 2025, México es un actor clave tanto en la producción como en la distribución de sustancias ilícitas, y es señalado como la principal fuente de fentanilo y análogos.
Además, es el origen de la mayor parte de la metanfetamina y heroína incautadas en Estados Unidos, y un punto de tránsito para la cocaína proveniente de Sudamérica, según el informe anual del Departamento de Estado de Estados Unidos, que destaca que las organizaciones criminales trasnacionales, como los cárteles de Sinaloa y Jalisco Nueva Generación, continúan operando con gran eficacia en territorio mexicano, lo que refuerza la posición de México como eje de la producción y distribución de fentanilo.
“México es el principal país de origen del fentanilo y sus análogos que se trafican a Estados Unidos; los cárteles de Sinaloa y Jalisco Nueva Generación son los principales distribuidores de fentanilo y sus análogos en Norteamérica. Las empresas de China son la principal fuente de precursores químicos y equipos utilizados para la fabricación ilícita de fentanilo y otras drogas sintéticas en México”, expone.
Ante esta situación, señala que el gobierno encabezado por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo ha implementado una estrategia de seguridad basada en mejorar la coordinación entre las diferentes agencias de inteligencia.
La estrategia, detalla, incluye el fortalecimiento de investigaciones, mayor intercambio de información y esfuerzos para combatir la impunidad y la corrupción.
Sin embargo, el reporte advierte que los recortes presupuestarios en materia de seguridad para este año podrían limitar la eficacia de estas iniciativas. Y es que, para este año, la Cámara de Diputados —controlada por Morena— recortó 35% el gasto en materia de seguridad.
Según el documento, restablecer el control del Estado en regiones dominadas por organizaciones criminales y superar la pérdida de confianza en las instituciones públicas siguen planteando desafíos institucionales. “La continua presencia y operatividad de poderosos cárteles, junto con las limitaciones presupuestarias y la necesidad de mayor coordinación interinstitucional, marcan un escenario en el que la cooperación internacional se torna indispensable”, sostiene.
Sugiere que la Secretaría de Marina podría asumir un rol protagónico en la coordinación internacional y optimizar las acciones de seguridad, al aprovechar su experiencia y capacidad operativa superior en el ámbito trasnacional. “La integración de esfuerzos en áreas de seguridad, salud pública, justicia y políticas sociales será esencial para transformar la lucha contra el narcotráfico en un proceso sostenible y eficaz, que beneficie no sólo a México, sino a toda la región”, destaca.
En el informe se subraya que, si bien México ha logrado avances significativos en operaciones de interdicción y en el fortalecimiento de su seguridad interna, persisten retos considerables.
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Resalta que las Fuerzas Armadas y agencias de seguridad lograron la mayor incautación histórica de fentanilo, con mil 100 kilogramos decomisados en una operación coordinada con apoyo estadounidense. Dicha acción involucró a unidades de inteligencia, policía y organismos especializados en el control de fronteras y lucha contra el narcotráfico.
Señala que la problemática del uso de fentanilo y otras sustancias ilícitas tiene profundas implicaciones en la salud, lo que demanda políticas integrales de prevención, tratamiento y recuperación.
“La colaboración entre organismos de salud y seguridad es crucial para mitigar el impacto de las drogas en la población”, refiere.
En materia de cooperación internacional, el reporte pugna por la consolidación de alianzas estratégicas —bilaterales y multilaterales— como un pilar fundamental para la erradicación de rutas de narcotráfico.