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El Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Cuarto Circuito con sede en Nuevo León ordenó a las autoridades educativas estatales entregar a unos padres de familia el temario del examen de conocimientos para que su hijo de 7 años que recibe instrucción en casa, conocida como home schooling se reincorpore al sistema formal, sea en una escuela pública o privada autorizada.
Al resolver la queja 227/2022, El Tribunal Colegiado instruyó dar vista al Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF) de esa entidad para evaluar la situación y garantizar la protección del interés del niño.
Los padres del pequeño, residentes en Nuevo León, decidieron educar a su hijo en casa. En septiembre de 2021, buscaron reincorporarlo sistema educativo tradicional para el ciclo escolar 2022-2023.
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Los tutores solicitaron a través de la Plataforma Nacional de Transparencia, información sobre los procesos de acreditación y certificación de educados en casa, así como el temario del examen de conocimientos que el niño debería presentar para ingresar a segundo grado de primaria.
La respuesta de las autoridades fue que el menor debía presentar un examen global de conocimientos, pero no proporcionaron el temario.
Los padres presentaron un recurso de revisión ante la Comisión de Transparencia y Acceso a la Información de Nuevo León y se ordenó a la Subsecretaría de Educación Básica entregar el documento; sin embargo, la orden no fue cumplida.
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Ante esta situación, interpusieron un juicio de amparo y solicitaron la suspensión provisional para que se les entregara, aunque la juez de distrito negó la suspensión, argumentando que el acto reclamado era una omisión y que entregar el temario agotaría la materia del amparo.
El Tribunal Colegiado determinó que la juzgadora erró al negar la suspensión provisional y estableció que este derecho es fundamental y que la decisión ponía en riesgo esta garantía a recibir una instrucción adecuada.
También consideró que la entrega era esencial para que el menor pudiera prepararse adecuadamente y, en última instancia, ejercer su derecho a la educación.
Además, se enfatizó en la importancia de proteger el interés superior en todas las decisiones que lo afecten.
El Tribunal Colegiado revocó la decisión de la Jueza de Distrito y concedió la suspensión provisional; ordenó que entregaran a los padres el documento referido del examen para que pudiera prepararse y reincorporarse al sistema formal.
Asimismo, se ordenó dar vista del caso al Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF) del Estado de Nuevo León para que evaluara la situación familiar y se exigiera a los padres la inscripción del menor en una escuela pública o privada autorizada.
Además, debido a la dilación, se exhortó a la jueza a actuar con mayor diligencia en casos futuros que involucren derechos fundamentales, en este caso los de menores de edad.
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