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Hace 12 años la Asamblea General de la ONU declaró el 30 de agosto como el Día Internacional de las Víctimas de Desapariciones Forzadas. La violencia, la descomposición social y la mal llamada guerra contra el narco han aumentado drásticamente las desapariciones en México. La realidad es que las cifras son alarmantes, de acuerdo con el Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas de 1962 a la fecha, en México se han declarado a 294,440 personas como desaparecidas. De esta cifra, 111,504 personas siguen sin ser localizadas. ¿Cómo encontramos qué hacer, qué decir o qué exigir cuando lo único que nos queda es el vació de alguien que ya no está?
Son más de 111 mil familias que siguen clamando justicia, que siguen pidiendo al estado mexicano que actúe y que encuentre a sus familiares. Deberíamos vigilar a nuestras autoridades con mucho mayor cuidado, pues al tratarse de desapariciones sistemáticas y recurrentes, el Estatuto de Roma las cataloga como crímenes de lesa humanidad. Los fiscales, los secretarios de seguridad pública, las y los gobernadores y los presidentes tienen una responsabilidad clara frente a las desapariciones en México
En México, el delito de desaparición forzada existe desde el 2001, al ratificar la Convención Interamericana sobre Desaparición Forzada de Personas y posteriormente tipificarlo en el Código Penal Federal. Al día de hoy contamos también con una Ley General. La desaparición forzada se distingue de otros delitos por dos elementos: i) la participación estatal en el hecho de la desaparición y ii) la consecuente negación y ocultamiento de toda información, disipando así las vías hacia la verdad y la justicia.
El 86 por ciento de las desapariciones en México sucedieron en los últimos tres sexenios, siendo el actual el que tiene más casos reportados, concentrando el 38 por ciento de las víctimas. De acuerdo con la Alta Comisionada de la ONU, sólo en 35 por ciento de los casos los perpetradores han sido condenados. La tasa de impunidad frente a este delito es altísima. El que las fiscalías en México no puedan armar investigaciones sólidas para dar con las personas desaparecidas es muy grave, pero también es igualmente grave la incapacidad del estado mexicano para llevar a los responsables frente a la justicia. Algo tiene que cambiar, pues no es posible que, desde 2006 a la fecha, 39 personas desaparecen cada día en nuestro país.
Las fiscalías y el sistema de justicia mexicano nos han fallado. ¿Cómo es posible que en este sexenio se hayan localizado 2,863 fosas clandestinas y que no tengamos respuestas? El Estado mexicano ha fallado en no poner a las víctimas en el centro, en no dar explicaciones claras sobre qué es lo que sucedió y quiénes son los culpables. No puedo ni si quiera imaginar el sufrimiento de aquellos familiares de las más de 111 mil personas que continúan desaparecidas. Tras su ausencia, es nuestro deber no callarnos, seguirles nombrando y nunca parar de buscarlos. Nos toca a nosotros, a ti y a mí como mexicanos, rescatar su existencia del Estado que los está condenando al olvido. Nos toca seguir apoyando a los más de 130 colectivos de búsqueda que existen en nuestro país para localizar a las personas que nos faltan.
