Durante los más de seis años de gobiernos de la Cuarta Transformación, han pospuesto la reforma a fondo del Instituto Nacional de Migración. Incluida su desaparición o transformación, iniciativas se han quedado en el olvido en medio de la crisis por el éxodo de cientos de miles de migrantes que buscan llegar a Estados Unidos.
En el Senado y en la Cámara de Diputados hay al menos una decena de reformas, algunas de ellas impulsadas incluso por legisladores oficialistas, que se encuentran en la congeladora ante la presión del gobierno de Estados Unidos, que obligó desde el primer mandato de Donald Trump a crear un virtual muro fronterizo con la Guardia Nacional.
Así, de la promesa de modernización del INM y “no hacer el trabajo sucio a Estados Unidos” del entonces candidato presidencial Andrés Manuel López Obrador a la militarización de la ruta migratoria vigilada por la Guardia Nacional, todo ha quedado en planes, como ha quedado pendiente la idea crear el Instituto de Apoyo a la Movilidad Humana, anunciada 27 de diciembre de 2024.
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El INM fue fundado el 9 de octubre de 1993 en el gobierno del entonces presidente Carlos Salinas de Gortari. Durante los 32 años de existencia ha tenido su crisis más severa en los últimos tres sexenios, con escándalos de abusos, detenciones arbitrarias, acoso, vínculos con el crimen y traficantes, militarización de las estaciones, pero el caso más grave fue la muerte de 40 migrantes en un incendio en el gobierno de López Obrador y la impunidad de quien fuera su titular, Francisco Garduño.
Expertos y senadores destacan las promesas incumplidas de transformar al INM en una institución que vele por derechos humanos y protección de los migrantes, y por el contrario hay un abandono, un desprecio en las instalaciones que operan como cárceles temporales y que han derivado en tragedias como la muerte de 40 migrantes en Ciudad Juárez.
El 20 de mayo de 2018, en Tijuana, cuando el entonces candidato presidencial López Obrador dijo que de ganar las elecciones establecería en esa ciudad fronteriza el Instituto Nacional de Migración y que no le hará “el trabajo sucio a Estados Unidos”, en referencia a la exigencia de Donald Trump de que México funcione como un filtro migratorio.
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Después de la tragedia en una estación migratoria en Ciudad Juárez, el 27 de marzo de 2023, donde murieron en un incendio 40 migrantes, López Obrador anunció la creación de un Consejo de Protección de los Derechos Humanos de las y los migrantes en el que el padre Alejandro Solalinde tendría una colaboración honoraria.
Además de esta medida, el jefe del Ejecutivo dio a conocer que impulsaría una reforma al interior del Instituto Nacional de Migración (INM). La reforma nunca la presentó al Congreso de la Unión y el consejo nunca existió, todo ello en medio de una grave crisis migratoria, detenciones y deportaciones arbitrarias, así como tragedias como la de Camargo y Ciudad Juárez.
Entre las últimas promesas de reformas al INM, donde operó casi todo el sexenio anterior y seis meses del actual, Francisco Garduño, está la realizada el 27 de diciembre de 2024, cuando la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo informó que el Instituto Nacional de Migración entraría en una etapa de transformación profunda para que se convierta en un “instituto de apoyo a la movilidad humana”.
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Trump dobló los discursos y la tibia política migratoria humanista
Tonatiuh Guillén, quien fue titular del INM de diciembre 2018 a junio 2019, experto en migración y académico, reconoció que el gobierno de López Obrador sí tenía un proyecto para transformar al instituto, pero un acuerdo del presidente de México con Donald Trump, del 7 junio de 2019, provocó un vuelco en la política migratoria original y se avanzó hacia una militarización de dicha política.
“Ello provocó la incursión de mandos militares y marinos en la operación del INM, sobre todo en estados sensibles al tema de la movilidad humana y otro asunto contundente fueron las atribuciones legales a la Guardia Nacional como un aparato de control migratorio. El resultado fue la total militarización del control migratorio y a partir de ahí una relación ruda, muy agresiva contra la población migrante y refugiada”, apuntó.
Recordó en entrevista con EL UNIVERSAL que esa política de hostigamiento, de agresiones a migrantes en el gobierno de López Obrador “tuvo su expresión más cruda en el crimen de la estación migratoria de Ciudad Juárez”.
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El expresidente del Colegio de la Frontera Norte dijo que a la política agresiva de Trump en este nuevo mandato ha sido sumar 10 mil elementos más de la Guardia Nacional y del Ejército para cuidar la frontera norte, para que ningún migrante pueda cruzar, como fuerza complementaria, por lo que los cruces migratorios que eran muy altos, ahora están en sus niveles más bajos de la historia.
Las reformas pendientes y la Border Patrol mexicana
En el Senado hay por lo menos una decena de reformas, algunas incluso impulsadas por legisladores oficialistas, que buscan fortalecer al INM, erradicar corrupción de funcionarios, frenar las detenciones arbitrarias, prolongadas, proteger a la niñez en tránsito, pero la mayoría están en la “congeladora legislativa”, expuso el senador del PAN, Agustín Dorantes.
Indicó que la promesa de desaparecer, transformar, como de crear un “Instituto de Apoyo a la Movilidad Humana” se han quedado en el papel, nunca llegaron al Congreso como iniciativas y lo que hay es una militarización de las delegaciones del INM y un abandono de sus delegaciones y albergues.
La Cámara de Senadores, el 13 de febrero de 2024 avaló un proyecto para que la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) tenga la atribución de realizar supervisiones en las estaciones migratorias, con la finalidad de constatar las condiciones en las que albergan a la población migrante que transita por nuestro país. Sin embargo, la Cámara de Diputados no la ha dictaminado.
Entre el recuento de las reformas congeladas destaca la de 26 de marzo de 2025 en el Senado, impulsada por el PT que busca garantizar el derecho a la educación sin distinción migratoria, a través de la flexibilización de los requisitos para la inscripción y permanencia en el sistema educativo.
En junio de 2023, senadores y diputados que presidian las Comisiones de Asuntos Migratorios, anunciaron el interés por reformar la Ley de Migración en México para avanzar en el fortalecimiento del marco normativo federal en materia migratoria. Todo se quedó el discurso.
El 16 de febrero de 2024 la Comisión de Asuntos Fronterizos y Migratorios del Senado aprobó un dictamen para brindar mayor protección a niños, niñas y adolescentes contra el tráfico ilegal de personas, así como para incluir la destitución e inhabilitación para el desempeño de cualquier cargo a los funcionarios públicos que incurran en este ilícito. La reforma nunca pasó.