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El 73% de los tipos de violencia que viven las trabajadoras sexuales son ejercidos por parte de servidores públicos, ya sea de quienes se dedican a la impartición de justicia o del sector salud, alertó la organización Brigada Callejera en Apoyo a la Mujer Elisa Martínez A.C.
“Las trabajadoras sexuales mexicanas se enfrentan en mayor medida a la violencia física, psicológica y económica, que ejercen en su mayoría los funcionarios públicos”, expresó Elvira Madrid Romero, presidenta de la Brigada Callejera.
El informe “Indicadores de violencia de género en el mundo laboral de las trabajadoras sexuales en México”, elaborado por la ONG, señaló que debe terminar la violencia laboral y las tres problemáticas que ellas enfrentan, como: El control sanitario del VIH/Sida e Infecciones de Transmisión Sexual (ITS), la pérdida de la patria potestad de sus hijas o hijos menores de 12 años y la prohibición del trabajo sexual.
Además, expresó que las trabajadoras sexuales son víctimas de otros tipos de violencia, como la física, pues reciben golpes y empujones provocados por policías en operativos de detención, lesiones intencionales provocadas en la revisión médica o las heridas provocadas por su pareja sentimental o cliente, tales como fracturas, quemaduras, ahorcamiento, envenenamiento o acuchillamiento, entre otros.
También, son víctimas de violencia psicológica, como maltrato verbal, descrédito, deshonra o menosprecio al señalar que las “prostitutas” no valen nada, maltrato de personal del DIF al señalar que las “sexoservidoras” son incapaces de garantizar el cuidado que requieren sus hijos e hijas menores de 12 años.
Así como negligencias en la atención médica, por ejemplo, las envía a laboratorios particulares donde les aplican pruebas rápidas sin registro sanitario o de dudosa procedencia. Por otra parte, reciben amenazas de violación, humillaciones en los juzgados cívicos donde son menospreciadas, amenazas de autoridades policiacas y comparaciones destructivas que pueden afectar la autoestima de la persona.
Son amenazadas por servidores públicos con la finalidad de obtener favores sexuales bajo presión; con la intención de no dejarlas laborar o con el propósito de obligarlas a pagar “derecho de piso” o con cualquier otra razón.
“La Brigada Callejera ha denunciado de manera constante que en algunos estados se les obliga a realizarse la prueba en laboratorios privados que son muy costosos y a veces son de propiedad de funcionarios públicos, de familiares, prestanombres y no hay los centros de salud o los hospitales de la red hospitalaria estatal de acceso gratuito”, informó a través de un comunicado.
Dicho informe se elaboró a partir de la entrevista a más de 45 trabajadoras sexuales migrantes externas e internas que han laborado en 14 estados de la república y Ciudad de México.
En la investigación también se documentan las percepciones de las trabajadoras sexuales entrevistadas sobre las condiciones laborales, que facilitan o promueven situaciones de violencia de género hacia ellas.
“Había mucha violencia de las compañeras y de los clientes y me golpeaban todo el tiempo. A veces me decían: “Con esa nos desquitamos”. Cuando me hirieron en la calle, me confundieron con una que según había robado. Ellos se bajaron del carro y me golpearon muy feo. Son cosas que no deberían pasar. Por el simple hecho de ser trabajadoras sexuales, no hay apoyo de ninguna institución. Tuve que comprarme una prótesis. Ya no soy la misma, mi cerebro quedó afectado y mi autoestima, baja. Tuve que aprender a vivir. “Me ha costado aprender a sobrevivir”, dijo una trabajadora sexual a la organización.
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mahc/bmc
