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En los últimos meses, la extorsión en la modalidad de derecho/cobro de piso ha incrementado, a pesar de esto, las autoridades no permiten levantar denuncias o abrir carpetas de investigación porque protegen a la delincuencia organizada, denunciaron trabajadoras sexuales afectadas.
Exigieron investigaciones para que dejen de violentar a las trabajadoras sexuales y que termine la extorsión en sus lugares de trabajo. En conferencia de prensa, afirmaron que la extorsión ocurre en el 70% del territorio nacional, lo que se extiende porque hay impunidad y una complicidad de algunas autoridades.
“Hacemos responsables a las autoridades de lo que les llegue a pasar a las compañeras que se atreven a denunciarlo en este encuentro y exigimos que se haga justicia para que esto termine”, indicó la Brigada Callejera de Apoyo a la Mujer, E.M.A.C.
Tan sólo en la Ciudad de México, explicaron, en alcaldías como: Iztapalapa, Cuauhtémoc, Venustiano Carranza y más, las cuotas que integrantes del crimen imponen a las trabajadoras sexuales van de 300 a 500 pesos, pero si se tardan en pagar se incrementa hasta mil pesos o en algunos puntos sube a tres mil pesos.
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Ante la imposibilidad de denunciar las mujeres se quedan en un limbo jurídico, alertaron durante el XXVIII Encuentro Nacional de la Red Mexicana de Trabajo Sexual. Si quieren denunciar estos hechos, son detenidas arbitrariamente y puestas a disposición del Ministerio Público.
De 2024 al 2025, registran 85 intentos de abrirles carpetas de investigación a mujeres que han estado organizándose en sus puntos históricos de trabajo sexual para frenar el cobro de piso por grupos delincuenciales que operan asegurándoles en la vía pública que son mandados por sus jefes que dicen son Ministerios Públicos, jefes de la Policía de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) o Policías de Investigación (PDI).
“Las mujeres trabajadoras sexuales son criminalizadas y puestas a disposición del Ministerio Público, tenemos registrados 65 de estos casos en la alcaldía Cuauhtémoc en la Fiscalía de Cuauhtémoc 2. Por parte de elementos de SSC que identifican a las compañeras que cada que llegan los oficiales a hoteles, de inmediato las compañeras graban y toman evidencia de cómo extorsionan a clientes al salir. Esto es una molestia para los oficiales que en un acto de revancha las detienen y buscan fincarles delitos, donde las llevan asegurando que robaron a los clientes”, alertaron.
Documentan 15 casos que han sucedido en la alcaldía Cuauhtémoc al salir del metro Pino Suárez, donde las trabajadoras han intentado organizarse para que los líderes de ambulantes no les cobren piso. Sin embargo, han sido desplazadas y se les ha negado incluso caminar sobre la explanada, sino hay un pago obligatorio de $500 a $1,100 semanales, las amenazan o les quitan sus pertenencias para quedarse con sus identificaciones oficiales.
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De acuerdo con el área jurídica de Brigada Callejera, encabezada con la abogada Arlen Palestina Pandal también son víctimas de cobro del control sanitario que hay en la mayoría de los estados por parte de Salud Municipal, “ya que no les importa la salud sino estarlas extorsionando, vendiéndoles una tarjeta de control sanitario que solo sirve para quitarles su dinero y no para la salud”.
“En muchas ocasiones las mandan a laboratorios privados donde son muy altos los costos de las pruebas de VIH y de sífilis que les obligan a realizárselas en estos laboratorios que haberse los dueños son algunos funcionarios y donde también denuncian el desabasto de condones que es un insumo de salud necesario para prevenir las Infecciones de Transmisión sexual (ITS)”, señalaron.
También lamentaron las extorsiones que el crimen organizado en complicidad con el Estado impone a las trabajadoras sexuales, falta de acceso a los servicios de salud y de atención al VIH.
Del mismo modo, la violencia económica precariza su trabajo y la violencia de género lleva al incremento de feminicidios y transfeminicidios de trabajadoras sexuales.
“La violencia de género en el trabajo sexual ha incrementado los feminicidios y transfeminicidios que cada vez las matan con mayor violencia, con mayor saña, por parte de la delincuencia organizada, policías, clientes, vecinos, parejas. No somos ciudadanas de tercera categoría, ante la Constitución política todas tenemos los mismos derechos”, dijeron.
Denunciaron que la gentrificación de diferentes centros, incluyendo el de la Ciudad de México les quitan sus puntos de trabajo en la vía pública que durante años han ejercido su oficio en esas calles, lo que denominan como: “puntos históricos de trabajo”.
Elvira Madrid Romero, presidenta de Brigada Callejera señaló: “observamos que las instituciones y funcionarios no quieren hablar sobre los derechos de todas las compañeras. Vivimos en una sociedad hipócrita, pero que también las autoridades no quieren hablar sobre los derechos humanos y laborales del trabajo sexual.
“Exigimos respeto a nuestro trabajo donde ya se reconoció en la sentencia 112/2013 que ganamos como Brigada Callejera de Apoyo a la Mujer, E.M. A.C., y la esquina es de quien la trabaja. Seguiremos luchando por que se nos respete y donde se reconozca el trabajo sexual en todo México, pero también exigimos que se combata la trata de personas”.
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