En el país, 379 municipios de 10 entidades concentran el mayor número de extorsiones en los primeros cinco meses del año, incluso hay ayuntamientos que registran más de 100 extorsiones en este periodo, de acuerdo con el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP).
De enero a mayo, las estadísticas del Secretariado documentan a nivel nacional 4 mil 588 carpetas de investigación. Los 10 estados que acumulan 80%, es decir, 3 mil 697 investigaciones, son Estado de México, Guanajuato, Ciudad de México, Nuevo León, Veracruz, Jalisco, Morelos, Querétaro, Hidalgo y Michoacán.
Entre los municipios que acumulan el mayor número de carpetas de investigación se encuentran a su vez Toluca, Ecatepec y Nezahualcóyotl, en el Estado de México; Irapuato, en Guanajuato; Iztapalapa, en Ciudad de México; Monterrey, en Nuevo León; Xalapa en Veracruz, y Cuautla, en Morelos.
El doctor Rubén Ortega Montes, profesor e investigador de temas de seguridad y procuración de justicia de la Universidad de Guadalajara (UdeG), dice a EL UNIVERSAL que en la extorsión hay un subregistro conocido como cifra negra, aquella que ocurre pero que no se denuncia y se queda en la sombra, por ejemplo, en Apatzingán, Michoacán.
“Esto ocurre por diversas razones: desconfianza que hay hacia la autoridad, temor a los grupos criminales… En caso de que la persona denuncie o no denuncie al final de cuentas lo único que va a obtener son discursos y números de estadísticas maquilladas y simuladas como lo hacen las autoridades en los últimos años”, refiere el investigador.
Explica que Apatzingán no refleja un alto número de carpetas de investigación debido a que la población teme a la denuncia; “la gente no cree en la autoridad. ¿Cómo creer en ellos? Cuando brindan 99% de impunidad, ¿quién se atrevería a denunciar? Sabiendo que la propia información puede pasar a mano de la célula criminal”.
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Ortega recuerda que por esos motivos nacieron los grupos de autodefensa en Michoacán, como el de José Manuel Mireles y otros personajes que salieron a enfrentar el flagelo criminal.
Alexei Chévez, especialista en seguridad y fuerzas armadas, indica que hay un subregistro de la incidencia delictiva en todo México. Además, la población no ve una utilidad en denunciar cuando se sabe que el Estado y las agencias encargadas de hacer cumplir la ley no van a hacer absolutamente nada para solucionar el problema del ciudadano que es extorsionado.
“Por otro lado, también es un viacrucis el presentarse a las agencias del Ministerio Público (MP) donde no tienen las capacidades ni el tiempo para realizar esta investigación”, considera el consultor en seguridad nacional.
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Enfatiza que es una forma fácil de obtener dinero no sólo para organizaciones criminales grandes como las que extorsionan a camioneros, limoneros, aguacateros en Michoacán o dueños de bares; también lo es para pequeños grupos criminales o delincuentes solitarios que deciden empezar con el delito de la extorsión con la certeza de que no van a ser denunciados.
Respecto a los municipios de Toluca, Ecatepec y Neza, señala que es un corredor industrial y de servicios que tradicionalmente ha estado abandonado.
Agrega que Monterrey es una de las ciudades más grandes del país y es víctima de organizaciones criminales, además de encabezar una zona donde hay dinero y la extorsión es un negocio redituable.
Chévez destaca que en el caso de Cuautla se trata de un área agrícola donde ya mataron a varios funcionarios municipales por no cooperar con organizaciones criminales que se pelean la plaza, lo que también habla de la falta de un estado de ley en Morelos.
“Xalapa viene con todo el declive en general que tiene Veracruz en materia de seguridad, que se agudizó el sexenio pasado y que esta administración todavía no ha logrado recuperar.
“Irapuato, que es una parte de Guanajuato que, junto a Celaya, está en un corredor muy codiciado por organizaciones criminales que se dedican tanto al huachicoleo como al tráfico de migrantes”, precisa el consultor.
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Pobladores de Tierra Caliente en Michoacán, que pidieron anonimato por temor a represalias, dicen a El Gran Diario de México que hay dos formas en la que los grupos delincuenciales están extorsionando.
“La primera consiste en que los dueños de negocios reciben una llamada telefónica, los delincuentes les dicen que los están observando, dando detalle de lo que están haciendo y les dan de 30 minutos a una hora para que acudan al banco a depositar una cantidad de dinero desde 60 mil hasta 200 mil pesos”, refieren los habitantes.
Una vez que se concreta la extorsión, que generalmente es por amenazas de muerte, la gente junta el dinero y realiza el depósito; después recibe otra llamada donde les dicen que se mantengan pendientes del teléfono porque van a continuar cobrando, detallan.
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“Otra forma es que los delincuentes obligan a los dueños a cerrar el negocio y luego piden la llave del local y los amenazan para no que denuncien. Entonces saquean el establecimiento, llaman al dueño para que vaya por la llave y le dicen que tienen que pagar una cierta cantidad para abrir el negocio”.
Destacan en sus testimonios que en casi todas las extorsiones ya no llegan los criminales al negocio, ahora llaman directamente al establecimiento e intimidan; extorsionan “parejo” a pequeñas, medianas y grandes empresas.
Cuestionados por el caso de los limoneros, refieren que la extorsión también es telefónica y los agricultores deben llevar la cuota a las zonas que los delincuentes les indican.
Los pobladores comentan que la estrategia cambió porque en Tierra Caliente operan varios cárteles, lo que explica tantas muertes todos los días. “Están Los Viagras, Blancos de Troya, Jalisco Nueva Generación, Templarios, todos cobran cuota y prefieren usar el teléfono porque temen que los contrarios los maten cuando entran a la ciudad a cobrar”. Agregan que las víctimas no pueden denunciar porque las amenazan con matar a sus familiares.
Excustodios mencionan que los extorsionadores en los penales mantienen su célula criminal en la calle y ellos les proporcionan los números telefónicos de los dueños de establecimientos como restaurantes y hoteles.
Abundan que cuando se “autoriza” introducir celulares a las cárceles, los custodios reciben entre 10 mil y 25 mil pesos por cada teléfono y posteriormente cada semana reciben una cuota.
“Cuando vienen las revisiones los mismos custodios pasan por los teléfonos… cuando pasa la revisión entregan los móviles”.