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La organización Que Siga la Democracia, afín a la 4T, deberá pagar 500 mil pesos por entregar firmas falsas para solicitar la consulta de revocación de mandato, confirmó la Sala Superior del Tribunal Electoral.
Sin embargo, por mayoría se decidió que dicha infracción no es impedimento para constituirse como Agrupación Política Nacional, ya que fue cometida cuando aún era una asociación ciudadana.
Durante el proceso de revocación de mandato, la asociación Que Siga la Democracia, encabezada por Gabriela Jiménez, entregó 14 mil 940 firmas de personas fallecidas.
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El PRD impugnó el acuerdo del INE por el que se aprobó su constitución como agrupación política nacional, que finalmente fue confirmado por el TEPJF.
En contra del proyecto, la magistrada Janine Otálora consideró que el fraude a la ley cometido por la asociación rompe la presunción de buena fe que debe caracterizar a las agrupaciones políticas nacionales.
"Una asociación civil que ha cometido fraude a la ley en un proceso democrático, en este caso, de revocación de mandato, está por ende impedida para obtener su registro como agrupación pública nacional", sostuvo.
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