Más Información
El presidente de la Comisión Jurisdiccional, Hugo Eric Flores (Morena) señaló que debido a la ley actual, el análisis y discusión de las solicitudes de juicio político en contra del senador Adán Augusto López y la diputada Hilda Brown, ambos de Morena y acusados de nexos con el crimen organizado, tendrían que esperar a que primero se resuelvan mil 200 casos atrasados.
Y añadió que ni siquiera han recibido dichas solicitudes, ya que primero tienen que pasar por la Subcomisión de Examen Previo.
Explicó que la ley obliga a que los casos se deben desahogar por prelación, por ello, la legislatura pasada propusieron reformarla para traspasar a la Subcomisión de Examen Previo a la Comisión y acelerar los procedimientos, ya que actualmente todos los casos están estancados.
“Tenemos más de mil 200 procedimientos de juicios políticos estancados, por cierto, ya muchos prescritos, por qué están en Subcomisión de Examen Previo, y entonces ahí está atorado todo, no nos llega a la Comisión Jurisdiccional y no tenemos facultades. Tengo que advertir un tema muy importante, dice claramente la ley que se tiene que desahogar por prelación, es decir, si hay mil 200, pues faltaría mucho”, dijo.
No obstante, explicó que alrededor de mil solicitudes han prescrito, por lo que el análisis de los casos de Adán Augusto López e Hilda Brown podrían analizarse después de los 200 restantes.
“(¿Solicitudes de juicio político contra Adán Augusto e Hilda Brown esperarían resolución de mil 200 casos?) La respuesta es sí, pero nada más que de esos mil 200, casi mil ya están prescritos, esos si a nosotros nos llegan, los vamos a desahogar en un solo dictamen”, afirmó.
Lee también Venden base de datos de pensionados del IMSS en 50 mil pesos
Por otra parte, la diputada suplente María Elena Pérez Jaén (PAN) ratificó hoy la solicitud de juicio político contra el senador Adán Augusto López Hernández, que presentó el pasado 22 de septiembre, con el objetivo de que el funcionario pueda ser investigado por su posible participación con el grupo criminal "La Barredora" durante su administración como gobernador de Tabasco.
La demanda, está acompañada de informes oficiales de inteligencia militar obtenidos como producto de la vulneración (hackeo) y filtración de documentos del servidor de la Secretaría de la Defensa Nacional que hizo el colectivo Guacamaya.
Así como notas periodísticas, en las que se señala a López Hernández de haber permitido, encubierto y beneficiado redes criminales en Tabasco, particularmente a la organización delictiva La Barredora, que era liderada por Hernán Bermúdez Requena, quien fungió como secretario de Seguridad y Protección Ciudadana de dicha entidad de 2019 a 2024, quien hoy se encuentra bajo custodia federal.
kicp/apr
