Más Información
“Somos más de 100 vehículos que estamos parados con la esperanza de trabajar”, es la voz de uno de los casi 500 operadores de taxis víctimas del cierre parcial del Sitio 300 que brinda servicio a los usuarios dentro del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México.
Los conductores alzaron la voz al ser catalogados como deudores ante la administración de esa terminal aeroportuaria, ya que se adeudan 60 millones de pesos por permitirles el acceso a zona federal desde 2020.
Óscar Ernie Orozco Perea, quien está al frente de la defensa de los dueños de los taxis, conocidos como permisionarios y operadores, señaló que el responsable de dicha deuda es Sergio Arturo Andrade Ramírez, que desde el 21 de septiembre fue reconocido por el AICM como presidente y administrador del Sitio 300, no los trabajadores que en cada viaje pagan una cuota y ahora trabajan de forma restringida.
Arturo Uribe, quien comenzó a trabajar hace más de 12 años trasladando a los pasajeros a sus destinos en dicha agrupación, es padre soltero y contó cómo ha sido afectada su familia. Anteriormente con el ingreso de media jornada de trabajo podía darle tiempo de calidad a sus hijos, salir a hacer deporte e incluso permitirse algunos gustos familiares: “Mis hijos se van a la escuela en la mañana, yo trabajo en la tarde entonces no tengo contacto directo con ellos”, comentó el operador.
Aproximadamente mil permisionarios, quienes son dueños de los taxis, y 900 operadores han logrado sacar adelante a sus familias con su trabajo en el sitio, pues algunos llevan casi toda una vida en este gremio.
A lo largo de 42 años, Lucio Rojano ha visto la evolución de la concesionaria que le ha permitido tener una buena calidad de vida junto a su esposa, situación que, dijo, ha cambiado, ya que ahora el tiempo de trabajo es mayor y las ganancias disminuyeron por la falta de pasaje.
“Nosotros tardamos de tres a cuatro horas para salir entre una vuelta y otra. Mis compañeros mínimo están de 12 a 16 horas para poder llevar sustento a casa”, dijo el operador.
Arturo comentó que de cuatro servicios que hacía antes ahora son dos o uno al día. “Nos llevamos 150 pesos, en un día bueno, pues sacamos un poquito más, podría ser 500 pesos pero de ahí tenemos que pagar la cuenta y gasolinas”. Siendo no sólo los trabajadores los afectados, sino también las más de mil 500 familias que dependen de ellos.
María Uribe, esposa de un conductor, manifestó su preocupación por la presión en la que se ve su esposo, ya que ella padece diabetes y una enfermedad renal que requiere de medicamentos que no ha podido comprar por falta de recursos.
“Todo el día sale desde temprano y llega a medianoche o en la madrugada para poder traer aproximadamente entre tres o cuatro vueltas de servicio. De ahí tiene que pagar la gasolina, sus comidas dentro de su trabajo y aparte el mantenimiento del carro, pagar una cuenta y todavía nuestro gasto, entonces realmente no nos alcanza”, dijo la madre de familia.
Desde el 29 de mayo las autoridades del AICM —a las que se consultó para esta información, sin que hubiera respuesta hasta el momento— cerraron algunas de las casetas del sitio dejando sólo tres de las 13 que tenían para venta de boletos dentro de las instalaciones.
En un recorrido hecho por EL UNIVERSAL, se atestiguó que en el lugar donde se encontraba la caja correspondiente a la puerta 1, ahora es visible una leyenda que informa sobre su nueva ubicación, dejándolos en desventaja frente a las cinco concesionarias que ofrecen el mismo servicio.
Pasajeros comentaron que eligen el sitio de taxi más cercano a la salida, por lo que con Sitio 300 sienten desconfianza al tener que recorrer un kilómetro para pagar con tarjeta o solicitar una factura.
El representante legal de los involucrados, Ernie Orozco, informó que hace unos dos meses se interpuso una denuncia en la que se expusieron los presuntos delitos de los que fueron víctimas: “De robo, abuso de confianza, fraude, administración fraudulenta, porque ellos manejan los recursos del sitio, manejan las cajas, los ingresos y han desviado los recursos económicos para otros fines, además de operaciones con recursos de procedencia ilícita”.
Orozco también declaró que los permisionarios nunca se han negado a pagar, ya que a ellos se les retiene de su boleto 90 pesos.
