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Taxis autorizados del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM) alistan acciones legales, como la tramitación de amparos, ante la falta de respuesta de la Federación Internacional de Futbol Asociación (FIFA) y del gobierno federal, respecto de la incorporación de servicios de taxis por aplicación en los aeropuertos del país durante el Mundial de Futbol 2026.
Taxistas de aeropuertos de Monterrey, Guadalajara, Veracruz, Puerto Vallarta, Mazatlán, San Luis Potosí, León, Cancún, Los Mochis, Hermosillo, Chihuahua, Morelia, Puerto Escondido, así como las agrupaciones Nueva Imagen, Yellow Cab, Sitio 300, SPAASA y Porto Taxi del AICM, determinaron combatir la pretensión del gobierno federal y exigir “suelo parejo” en las condiciones de regulación y competencia, utilizando todos los recursos legales a su alcance.
No descartan convocar a la movilización social, en los casos que sea necesario, conforme a sus derechos constitucionales, señalaron en un comunicado.
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Advirtieron que no están dispuestos a que les impongan empresas extranjeras que no cumplen con la normatividad establecida como es el pago de impuestos y derechos.
Alertaron que tan es real la pretensión de incorporar a servicios de taxis por aplicación en los aeropuertos de la república mexicana con un “traje a la medida”, que un funcionario de la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT), les confirmó que actualmente están trabajando "entre las sombras" en una propuesta para que así sucedan las cosas y al final obtengan jugosos dividendos.
Es decir, para que operen sin cumplir con todos los requisitos que sí son exigidos sin excepción a los permisionarios legalmente autorizados, los cuales no son gratuitos ni caprichosos y mucho menos limitantes; sino que son las bases en las cuales se sustentan las condiciones de seguridad de los usuarios, de las vías generales de comunicación y de los vehículos que intervienen en la prestación del servicio de transporte de pasajeros en los aeropuertos federales.
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Expresaron su inconformidad ante las complacencias del gobierno federal en favor de las empresas de aplicaciones para la contratación de transporte de pasajeros, tales como el que desde el año 2015, dichas empresas han operado en los aeropuertos sin que las autoridades lleven a cabo ninguna acción legal contundente en contra de ellas, a pesar de que dicha operación constituye un daño patrimonial al estado.
Lo anterior, aseguraron, porque dejan de pagar la contraprestación que si les cobran a los permisionarios autorizados; y más aún, dicha operación de las aplicaciones constituye un delito federal contemplado en la Ley General de Bienes Nacionales, ya que han estado aprovechando las vías de jurisdicción federal que pertenecen a la nación y explotado un servicio que solo puede autorizar el estado, sin haber obtenido previamente el permiso o autorización correspondientes; y menos aún tienen formalizados ningún contrato con los aeropuertos.
kicp
