Permisionarios de taxis que operan en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM), llevaron un escrito a la Cámara de Diputados para denunciar amenazas de que les quemarán sus vehículos, e incluso amenazas de muerte por parte de otro grupo operario de la empresa de transporte Casadey.
En el oficio que llevaron a oficialía de Partes, se informa que ya fueron interpuestas las denuncias correspondientes ante la Fiscalía General de Justicia de la CDMX (FGJCDMX), pero solicitan a los congresistas legislar para atender los conflictos internos en el AICM.
Los manifestantes denunciaron amenazas por parte de María Guadalupe Espinosa Martínez, líder de la empresa Casadey, la cual afirmaron, realiza sus actividades ilegalmente en las inmediaciones de la terminal aérea.
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“Esta persona nos ha amenazado porque su empresa obtuvo permisos o concesiones por parte de la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT) que fueron ilegales. De hecho, los permisos los obtuvieron con el aval de Oficina de Transportación Terrestre del AICM, cuyo titular hasta hace unos días era el capitán de Fragata, Raúl Enrique Aguilar López, quien fue cesado del cargo por prestarse a ese tipo de corruptelas”, indicó Mario Rodríguez, uno de los taxistas inconformes.
Agregó que cuando dicho funcionario fue removido del puesto, de inmediato surgieron las amenazas de muerte en contra de los taxistas autorizados, por parte de María Guadalupe Espinosa.
“Estamos asustados porque esta persona nos ha dicho que es esposa de José Alfredo Hurtado Olascoaga, uno de los líderes de La Familia Michoacana”, aseveró Carlos Martínez, otro taxista.
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Los permisionarios relataron que tras el nombramiento del nuevo director del AICM, almirante Juan José Padilla Olmos, solicitaron una reunión con el funcionario para exponerle la problemática y decirle que Raúl Enrique Aguilar, ahora extitular de la Oficina de Transportación Terrestre, también tiene 13 taxis "registrados" para que operen libremente. Explicaron que dicha denuncia fue el detonante para que fuera removido del cargo.
“El problema es que Casadey sigue operando con 100 taxis ilegales y las amenazas contra los taxistas autorizados siguen en aumento”, concluyó Mario Rodríguez.
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