La Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) optó por aumentar sus compras de armas con otros proveedores internacionales, pese a que otorgó contratos por hasta 2.8 millones de dólares a las firmas estadounidenses Barrett Firearms Manufacturing y Colt’s Manufacturing Company entre 2022 y 2023; a principios de 2024, México ganó una apelación en la demanda contra 11 compañías fabricantes de armas con sede en ese país, incluyendo las dos citadas, y desde entonces no les concedió ninguna licitación.
En 2021, México demandó ante la corte federal de Boston a 11 empresas de fabricación de armamento con sede en Estados Unidos por “ayudar y facilitar” a los cárteles a acceder a armas de uso exclusivo militar. Ese equipo, argumentó el gobierno, da poder letal a los grupos del crimen organizado y contribuye al terror entre la población.
Las empresas demandadas en 2021 fueron Smith & Wesson Brands; Barrett Firearms Manufacturing; Beretta; Glock; Sturm, Ruger & Company; Witmer Public Safety Group; D/B/A Interstate Arms; Siglo International Arms; Beretta Holdings Spa; Glock Ges, y Colt’s Manufacturing Company.
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En 2022, Barrett Firearms Manufacturing obtuvo de la Sedena un contrato por 27 mil 571 dólares para la compra de armas largas (poco más de medio millón de pesos en ese momento) y otro por 13 mil 298 dólares. Colt’s Manufacturing Company se quedó con otro por 2 mil 890 dólares.
Las compras de ese año incluyeron ametralladoras y fusiles de alto poder y precisión, de acuerdo con la licitación abierta a mediados del año anterior, publicada por EL UNIVERSAL en su momento. A finales de 2022, algunas de las firmas demandadas por el gobierno se acogieron a la Protección Legal de Fabricantes de Armas de EU para suspender la demanda, pues esa norma las exime de responsabilidad civil en casos de violencia relacionada con sus productos.
En marzo de 2023, las condiciones del proceso de demanda cambiaron ante la presión de EU para que México permitiera las importaciones de maíz transgénico. En ese momento, el entonces presidente Andrés Manuel López Obrador retomó el tema de la demanda a las armerías, afirmando que la administración Biden incumplió su parte de las negociaciones bilaterales.
“Lo que quieren es que compremos maíz transgénico. Ahí tienen —los agricultores y Monsanto— diputados y senadores que los protegen, pero quienes producen las armas en Estados Unidos también apoyan sus campañas a senadores y no quieren el control de las armas, pero eso sí, nosotros ponemos los muertos. Entonces, sin pelearnos, tranquilos, así como somos los de Tabasco, muy serenos pues”, dijo.
En 2023, Colt’s obtuvo cuatro contratos para la adquisición de armas largas. Dos fueron por 3 mil 285 y 3 mil 520 dólares, uno por 3 mil 267 dólares, y el mayor por 2 millones 803 mil dólares, cantidad equivalente a 53.4 millones de pesos. Ese año no se realizaron contratos con Barrett, en contraste, inició la compra de armas a la empresa checa Česká Zbrojovka y se multiplicaron con Israel Weapon Industries, que ya era un proveedor de la Sedena. Para julio de 2023, la Cancillería apeló la suspensión de la demanda y logró ganar que se reactivara el juicio en enero de 2024. Desde entonces, México no ha adquirido armamento ni equipo táctico a los fabricantes estadounidenses.
Nuevos aliados
Entre 2022 y 2023, Israel Weapon Industries obtuvo seis contratos con la Sedena por 64 mil 021 dólares.
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En 2022, la distribuidora mexicana Intman S.A. de C.V. fue adjudicada con un contrato por 13 mil 955 dólares para terciar la compra de armamento de la firma Barrett.
En 2024, esa empresa fue inhabilitada por la entonces Secretaría de la Función Pública por venderle a la Sedena 228 fusiles Barrett calibre .50 a sobreprecio.
Desde enero de 2024, cuando México ganó una apelación sobre el caso, la Sedena otorgó cuatro contratos a Israel Weapon Industries por 19 mil 927 dólares, y uno a Intman S.A. de C.V. por 2 mil 504 dólares.
Además, entregó contratos a otras empresas como SIG Sauer, de origen alemán. En 2023 obtuvo un contrato por 661 dólares, poco más de 12 mil pesos. En este 2025, otro por 523 dólares.
Para Armando Rodríguez Luna, especialista del Colectivo de Análisis de la Seguridad con Democracia (Casede), la sustitución de distribuidores de armas por parte de la Sedena no necesariamente está relacionada con la demanda interpuesta por México, sino con un tema presupuestal.
“Lo que me parece más bien es que quizá tenga que ver con el tema del presupuesto, porque de 2024 a 2025 se redujo el presupuesto a las Fuerzas Armadas, a las entidades de seguridad, y la Sedena fue una de las que más lo sufrió.
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“Estas restricciones presupuestales creo que son las que influyen muchísimo para el cambio. Además, me parece también que, dado que hay una redistribución de responsabilidades con mayor peso político para la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, pues también están en un proceso como de redireccionar hacia dónde van a fortalecer el armamento”, consideró.
Barrett, las favoritas del narco
El informe Resultados contra el tráfico de armas en el marco de cooperación del Entendimiento Bicentenario entre México y Estados Unidos sobre Seguridad, Salud Pública y Comunidades Seguras, enviado a la Cámara de Diputados en abril pasado, alerta que muchas de las armas incautadas en el país al crimen organizado son los fusiles antimaterial y de francotirador Barrett calibre .50. Indica que dichas armas “han generado un grave impacto en la seguridad de México. El porcentaje de estos rifles recuperados en México, respecto al total de armas aseguradas, aumentó de 0.1% en 2011, a 3% en 2020, es decir, 30 veces más”.
Sobre la adquisición a sobreprecio de armas Barrett a Intman S.A. de C.V., Rodríguez Luna consideró que la negativa —sea por sustitución o presupuesto— a comprar armamento a las firmas de EU le viene bien a algunos mandos del Ejército con empresas importadoras de armamento en el país.
“El tema de que hayan comprado a sobreprecio no extraña, porque las armerías se prestan a este tipo de negocios”, dijo el especialista.
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