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El presidente de la Comisión de Trabajo y líder minero, Napoleón Gómez Urrutia (Morena) lamentó que en un año, la Secretaría de Trabajo carezca de resultados de la encomienda presidencial que recibió de rescatar los cuerpos de los mineros de la mina de Pasta de Conchos , Coahuila.
Dijo que es posible, con un experto rescatista mexicano, recuperar los restos en trabajos que durarían tres meses, pero la opción del especialista mexicano no ha sido atendida por el gobierno federal.
Al cumplirse 14 años de la la explosión en la mina de Pasta de Conchos, que costó al vida de 65 mineros, el senador Napoleón Gómez Urrutia, demandó el rescate de los cuerpos, así como la indemnización a las familias de las víctimas, y que se finquen responsabilidades al Grupo México , por no haber atendido las medidas de seguridad que los trabajadores formulaban.
"Fue descuido, negligencia, cobardía, haber dejado abandonados a los cuerpos de quienes perdieron la vida".
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Dijo que "cuando el presidente Andrés Manuel López Obrador el inicio de tareas de rescate de los cuerpos de los mineros de Pasta de Conchos, ello representó un alivio, una esperanza de que finalmente se iba a hacer justicia".
Sin embargo, "todavía no tenemos un reporte oficial del avance de estos trabajos que se encomendaron a la Secretaría del Trabajo y Previsión Social para el rescate".
A los periodistas, Gómez Urrutia dijo que "se ha convocado a expertos internacionales para los estudios, no a los nacionales; han estado teniendo algunas reuniones, preparando los estudios de cuantificación de los suelos, del agua, del contenido de gas que pudiera existir".
Líder del Sindicato Minero, así como presidente de la Comisión de Trabajo del Senado, Napoleón Gómez Urrutia reportó que "nosotros hemos tenido varias reuniones con la Secretaría del Trabajo --con la presencia de las viudas y familiares--, a las que han asistido expertos rescatistas.
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Señaló que un rescatista, Fernando Acosta, tiene estudios de que es posible el rescate en tres meses, no en dos años o más; no en 50 millones de dólares como decía la empresa Grupo México, sino con cinco millones de pesos".
Tocante al anuncio de que la empresa va a regresar la concesión minera de Pasta de Conchos a la Secretaría de Economía, el senador Gómez Urrutia dijo que esa decisión "la vemos con una duda muy grande respecto de su propósito".
Agregó: "Nos da la impresión de que es una forma de eludir su responsabilidad sobre los muertos que están abandonados y sepultados en el fondo de la mina".
Explicó que las tierras de la mina en la actualidad prácticamente no valen nada, y regresar la concesión 14 años después, "es una actitud de confundir, engañar, como si fuera una acción generosa, que no lo es, porque si la hubieran tenido, desde un principio hubiéramos podido rescatar a nuestros compañeros".
Antes, al contrario, cinco días después de la tragedia, la Secretaría del Trabajo y la empresa Grupo México decidieron cerrar la mina, clausurar las tareas de rescate, "sin saber si los trabajadores estaban vivos, tenían vida o estaban sin ella; esto no se hace, no se ha hecho nada, y no lo hemos visto en la historia de las tragedias mineras del país".
El hecho es que "14 años después no hay responsables, no hay sanciones, no hay indemnizaciones, no hay rescate, no ha habido nada hasta el día de hoy".
Por su parte, el senador Martí Batres Guadarrama se refirió al contexto en el que ocurrió la tragedia de Pasta de Conchos: "Tuvo lugar en la época de mayor éxito económico de las empresas mineras".
Añadió que "el dueño del Grupo México y de la mina de Pasta de Conchos, es uno de los cuatro hombres más ricos de México, y prácticamente todos ellos explotan minas, en mayor o menor grado son empresarios mineros".
Resulta contrastante, subrayó Batres Guadarrama, que "el dueño de Pasta de Conchos ni siquiera haya ofrecido una indemnización digna a las familias de los mineros que quedaron sepultados; contrasta su enorme riqueza con su gran mezquindad", dijo.
La senadora Patricia Mercado Castro (MC), dijo que en la Comisión de Trabajo del Senado se plantea el compromiso de establecer un diálogo con el gobierno federal para que el rescate de los restos de los mineros se pueda realizar en poco tiempo, no en dos años o más.
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