El gobierno de México decidió guardar bajo llave y no transparentar toda la información relacionada con la cumbre de países expulsores de migrantes que se celebró hace un mes en Palenque, Chiapas.
En respuesta a una solicitud de información realizada por EL UNIVERSAL, y pese a que se pidió una versión pública, la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) clasificó como “información reservada” por cinco años el monto económico y el nombre de la empresa que organizó la cumbre sobre migración que encabezó el presidente Andrés Manuel López Obrador, al argumentar que se compromete la seguridad nacional y considerar que la información “no es de utilidad pública”.
La Dirección General de Bienes Inmuebles y Recursos Materiales (DGBIRM) de la Cancillería justificó esta medida al afirmar que se busca “impedir cualquier atentado” y evitar la posibilidad de amenazas como sabotaje, actos delictivos y otros que atenten contra el personal diplomático, así como la vida y seguridad de todas las personas que asistieron al referido evento. Ello, pese a que el encuentro de líderes de Latinoamérica se llevó a cabo el mes pasado.
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La dependencia federal también argumentó que la divulgación de esta información podría facilitar los conocimientos necesarios para vulnerar los sistemas y protocolos de seguridad, generando “posibles violaciones a los sistemas de seguridad y protección de las instalaciones y ubicaciones”.
Señaló que en caso de que dicha información caiga en manos de personas que busquen “ejecutar actos ilícitos”, podría poner en riesgo las negociaciones con gobiernos extranjeros, afectando directamente el desarrollo de relaciones económicas, de seguridad y migratorias.
“Al tratarse de una reunión que convoca a los máximos dignatarios nacionales e internacionales, su divulgación podría ser utilizada para actualizar o potenciar una amenaza facilitando los conocimientos necesarios para vulnerar la seguridad de las personas, los sistemas y protocolos de seguridad, contribuyendo a brindar información necesaria para la posible comisión de delitos que ponen en riesgo la seguridad de los servidores públicos, bienes e instalaciones de la SRE, así como de los gobiernos extranjeros y del personal diplomático que asiste con el objeto de tratar temas relevantes en materia internacional”, subrayó.
Innecesario, conocer gasto, señalan
La DGBIRM también consideró que “no es de utilidad pública” dar a conocer el monto económico que se destinó a esta cumbre, así como hacer público el nombre de la empresa contratada para este fin.
Relaciones Exteriores aseguró que lejos de beneficiar a la colectividad, se pone en riesgo a los servidores públicos, personal diplomático, así como la “estabilidad de las relaciones internacionales” que pudieran afectar el desarrollo de cooperación económica, cultural y científica del Estado mexicano.
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“Si bien es cierto que existe el derecho de acceso a la información, también lo es que dicho derecho debe tener una utilidad pública y en el caso que nos ocupa no se detecta que dicha información lo sea, ya que lejos de beneficiar a la colectividad, se estaría poniendo en riesgo la seguridad de los servidores públicos, del personal diplomático, de las instalaciones, así como la estabilidad de las relaciones internacionales, pudiendo afectar el desarrollo de cooperación económica, cultural y científica del Estado mexicano”.
También, la SRE justificó su negativa de entregar dicha información, al afirmar que ello limitaría la capacidad de impedir cualquier atentado contra su persona.
“Esto es, podría menoscabar o limitar la capacidad de los sistemas y protocolos de seguridad y vigilancia para evitar la comisión de delitos en contra de personal diplomático y servidores públicos, lo cual podría traer como consecuencia el sabotaje de reuniones en materia de política exterior que perjudicaría el desarrollo del país en relaciones migratorias, económicas, culturales y científicas, entre otras”.
Además, la secretaría afirmó que en caso de que la información solicitada se difunda, se comprometería la seguridad e integridad de los participantes en el encuentro.
“Aunado a lo anterior, al dar acceso a la información contenida en el contrato de referencia y sus anexos se violenta el tratado internacional de la Convención de Viena sobre Relaciones Diplomáticas (CVRD), en el que el gobierno mexicano tiene la obligación de adoptar todas las medidas adecuadas para proteger al personal diplomático, a fin de impedir cualquier atentado contra su persona, su libertad o su dignidad”, enfatizó la SRE.
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Con base en estos argumentos, el Comité de Transparencia de la SRE determinó que será hasta noviembre de 2028 cuando esta información se haga pública.
“RESOLUCIÓN: PRIMERO.— Se confirma la clasificación como reservada, declarada por la DGBIRM relativa al contrato SRE/DGBIRM/- P-AD-073/2023 y sus anexos, conforme a lo señalado en el Considerando Segundo de la presente resolución.
“SEGUNDO.— Se confirma el periodo de reserva por cinco años de la información antes referida, conforme a lo señalado en el Considerando Segundo de la presente resolución”, establece el documento.