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La trascendencia del caso Ayotzinapa abonó a que en México se materializara un cambio de régimen gubernamental, afirmó el titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), Marcelo Ebrard Casaubon.
Durante la firma de un acuerdo de asesoría y asistencia técnica para la Comisión de la Verdad en el Caso Ayotzinapa con la alta comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ONU-DH), Michelle Bachelet afirmó que encontrar la verdad y la justicia para las víctimas de los hechos del 26 y 27 de septiembre de 2014 en Iguala, Guerrero, es la principal preocupación del gobierno mexicano.
“El caso que hoy nos congrega ha sido y es la principal preocupación del gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador, por la inmensa trascendencia y los significados que tiene para la vida pública mexicana, muy seguramente no sería posible un cambio de régimen en México.
“Más que en reformas constitucionales y legales estamos pensando en la verdad y la justicia”, afirmó.
En el evento, realizado en la SRE, también estuvieron presentes la titular de la Secretaría de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, y la subsecretaria de Asuntos Multilaterales y Derechos Humanos de la Cancillería, Martha Delgado.
Bachelet reconoció la voluntad del gobierno mexicano para iniciar una nueva etapa en el caso Ayotzinapa que permita superar los cuestionamientos nacionales e internacionales sobre la investigación realizada por la extinta Procuraduría General de la República (PGR).
“Este es un caso paradigmático que muestra lo que ya el gobierno ha señalado de la gravedad de las desapariciones en México y los retos que enfrenta su sistema para detener las violaciones a derechos humanos”, dijo.
“Prácticas como tortura, malos tratos y actos de obstrucción en la justicia no tienen cabida en un Estado comprometido con los derechos humanos”.
Por su parte, Delgado reconoció que México enfrenta grandes retos en materia de derechos humanos, razón por la que se originó la firma del convenio para ayudar a encontrar la verdad en el caso Iguala.
Explicó que el convenio tiene por objeto que la ONU-DH brinde asesoría y asistencia técnica a la comisión de la verdad para el caso Iguala y dará certidumbre a las investigaciones de dicho organismo.
Posteriormente, Michelle Bachelet se reunió con el ministro presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Arturo Zaldívar, para dialogar sobre los logros y retos en la protección de derechos humanos.
Al término del encuentro, el subsecretario de Derechos Humanos y Migración de la Segob, Alejandro Encinas, informó que el gobierno federal prevé solicitar a la SCJN que deje sin efecto las impugnaciones a la sentencia que ordenó la creación de la comisión de la verdad, tramitadas por la administración pasada.
“No es una figura de desistimiento, sino un recurso para dejar sin efectos, es una cosa de abogados, pero se va a hacer a la brevedad, ya lo vio el consejero jurídico y lo estamos viendo con el Presidente de la Corte para que no haya problema”, explicó.
Por la noche, Bachelet se reunió con la titular de la Secretaría de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, y con más de una decena de funcionarios representantes de diversos organismos para dialogar sobre la situación de los derechos humanos en el país; en específico, se trataron las desapariciones en México y protección a los derechos de los pueblos indígenas y afromexicanos.
También, la alta comisionada se reunió con el fiscal General de la República, Alejandro Gertz Manero, con quien acordó establecer lazos de colaboración para trabajar conjuntamente en el caso Iguala.
Durante el encuentro, Gertz Manero destacó la importancia de manentener comunicación.
