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De 2006 a la fecha, únicamente entre 2% y 6% del total de las desapariciones forzadas en México se han judicializado, según revela el Informe General del Examen Periódico Universal de México 2024 ante la Asamblea General de Naciones Unidas.
El informe realizado por más de 300 organizaciones no gubernamentales, que ofrece un panorama general sobre la crisis de derechos humanos en México, indica que de las más de 111 mil víctimas de desaparición que hay hasta hoy, 40 mil ocurrieron en este sexenio.
Entre el número total de víctimas, desde 2 mil 220 hasta 6 mil 660 asuntos se llevaron por la vía judicial. Sin embargo, el delito de desaparición forzada en México está sumergido en una impunidad casi absoluta ya que, hasta 2021, en el país sólo se han emitido 36 sentencias por casos de desaparición de personas a nivel nacional y, de ellas, ninguna contra un mando civil o militar.
Apunta que el índice creció exponencialmente hasta 98% durante esta administración, ya que el resto de desapariciones se registró en un lapso de 12 años, desde 2006 hasta 2018, durante el inicio de la denominada guerra contra el narcotráfico.
A partir de esa fecha, el examen detalla que se han diversificado las modalidades del delito y las víctimas, siendo en su mayoría hombres entre 15 y 40 años, pero las cifras revelan que hubo un notable aumento de desapariciones entre la población de adolescentes y mujeres a partir de los 12 años, tendencia que se agudizó durante la pandemia por Covid-19.
Las desapariciones forzadas están vinculadas en su mayoría con reclutamiento a organizaciones criminales, trata y explotación sexual como medio para ocultar la violencia, homicidios y feminicidios y, en el caso de los menores, por sustracción.
El informe general resalta que de manera paralela el país enfrenta una crisis forense con más de 52 mil cuerpos de personas fallecidas sin identificar, que se encuentran bajo custodia estatal, que no tienen un procesamiento adecuado por autoridades o los que son encontrados por familiares.
Sobre esta línea, el escrito basado en el informe del Comité Contra la Desaparición Forzada durante su visita a México dice que los mecanismos implementados por el gobierno federal para esclarecer la crisis de desapariciones forzadas y de identificación, aunque son iniciativas relevantes, no son suficientes ni cuentan con la capacidad o el presupuesto para resolver y contener la problemática.
“El impulso por parte del Estado de mecanismos extraordinarios de esclarecimiento en casos de desapariciones recientes y del pasado —a pesar de algunos avances— no ha logrado otorgar justicia y verdad a las víctimas, y tampoco se han constituido mecanismos replicables frente a la magnitud de la crisis.
“A más de cinco años de entrar en vigor la ley general en materia de desapariciones se enfrentan deficiencias en la implementación de instancias fundamentales, como el Banco Nacional de Datos Forenses, el Registro Nacional de Fosas, el Registro Nacional de Personas Fallecidas no Identificadas y no Reclamadas, el Programa Nacional de Exhumaciones”, informa el documento con el que México se someterá a su cuarto examen en materia de derechos humanos el próximo 24 de enero de 2024.
Asimismo, resalta que existen serias carencias en las investigaciones realizadas por parte de las fiscalías, como formalismos excesivos, burocracia, ausencia de planes de investigación, omisiones, resistencia para trabajar con las comisiones de búsqueda locales o grupos similares y falta de recursos, hechos que se suman al abandono de las víctimas y familiares de los afectados.
