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Aspirantes a contender en la elección para ocupar cargos en el Poder Judicial consideraron pertinente que ante la violencia en distintos estados, existan protocolos de seguridad tanto de fuerzas federales u operación conjunta entre corporaciones locales para salvaguardar a los candidatos y a la ciudadanía.
En tanto, otro grupo de jueces que participan en la elección de cargos del Poder Judicial de la Federación (PJF) presentaron ante el Consejo General del Instituto Nacional Electoral (INE) una solicitud para que emita un protocolo, con el objetivo de prevenir factores de riesgo de violencia antes y durante la jornada de junio próximo.
El documento refiere que no se puede negar la realidad de quienes se ven forzados a participar en este proceso para continuar con su carrera judicial y vocación juzgadora.
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“Tenemos temor por los hechos trágicos y violentos que se presentaron en el proceso electoral federal anterior. Confiamos en que el INE realizará las acciones necesarias, suficientes y garantizar nuestra seguridad como candidatos.
“Propiciará condiciones óptimas para que la ciudadanía pueda ejercer su derecho a votar por las personas que quieran que integren los cargos en el PJF”, indican los juzgadores.
Precisan que las elecciones pasadas fueron consideradas las más violentas de la historia, con 39 candidatos asesinados, y en lo que va del proceso electoral extraordinario 2024-2025 han ocurrido crímenes relacionados con temas políticos.
En la solicitud se enfatiza que el Consejo General del INE debe intervenir y emitir un protocolo diseñado para evitar riesgos de violencia que por su propia naturaleza se desarrolla de forma diversa a los procesos ordinarios en la elección de los Poderes Ejecutivo y Legislativo.
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Los jueces resaltan que, en las elecciones anteriores, el INE participó en mesas interinstitucionales con autoridades para atender de manera conjunta temas de seguridad en etapas, actos y eventos.
En el texto piden al Consejo General que adopte acciones adicionales: reuniones, mesas, celebración de convenios de colaboración o coordinación con autoridades de seguridad para dar seguimiento, atención y respuesta a cualquier situación de riesgo y violencia.
También una implementación de planes de acción en materia de seguridad para las candidaturas, filtros de investigación y análisis relacionados con los procedimientos ordinarios de fiscalización que ejecuta la Unidad Técnica de Fiscalización del INE.
Dicen que es innegable advertir que existe un interés de los grupos criminales por controlar la política e intervenir en las elecciones, particularmente a nivel municipal.
Comicios, inéditos y complejos
Por otra parte, los aspirantes consultados por EL UNIVERSAL consideran que es un tema complejo la seguridad, porque se trata de una elección atípica.
Blanca Alicia Ochoa Hernández, jueza del Juzgado Décimo Tercero de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México, quien aspira a ser integrante del nuevo Tribunal de Disciplina Judicial, detalla que solicitarán protección donde sea necesario.
Menciona que es un deber del gobierno federal brindar seguridad para que la ciudadanía se sienta con confianza de salir a votar, además de garantizar la protección a candidatas y candidatos mediante la Guardia Nacional, si es que así se solicita, tal como ocurrió en las elecciones de 2024.
“En estos momentos podemos decir que Sinaloa [hay mayor riesgo], sin lugar a dudas, esperamos que para el tiempo de elecciones el panorama sea diferente. Llamamos al voto con conciencia, donde se pueda ejercer este derecho sin exponer la integridad. En las pasadas elecciones la presencia del crimen organizado no fue un factor determinante para conocer la voluntad del pueblo”, expresa la aspirante.
A su vez, jueces, quienes solicitaron el anonimato, refieren que el INE ha externado que va a recortar las casillas y se desconoce dónde van a ser instaladas.
“Puede ser que el INE apueste a las zonas con menos incidencia delictiva debido al recorte del número de casillas. La seguridad debe quedar en manos de la Guardia Nacional o en una operación conjunta entre secretarías de seguridad locales con Guardia Nacional y Secretaría de Seguridad federal, y las personas candidatas no tendrían injerencia alguna en ese tema”, sostienen.
En tanto, Yamin Francisco González Mendoza, juez del Décimo Quinto de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México, considera que es un tema complejo porque es una elección atípica, diferente de los comicios normales, como no hay partidos políticos y sólo son los impartidores de justicia.
González Mendoza, quien va a participar para quedarse en el propio órgano donde se encuentra, agrega que para pensar en seguridad se tendría que ver si hay un riesgo contra algún impartidor de justicia.
Abunda que la seguridad debería ser para los ciudadanos, porque en realidad hasta este momento desconocen si va a presentarse alguna amenaza o situación que pueda poner en riesgo la integridad de los jueces.
“Eso se tendrá que ver conforme se desarrolle el proceso, sería difícil ahorita pensar en una seguridad más allá de lo normal. No somos políticos y no vamos a mover recursos públicos.
“Por ejemplo, alcaldes y gobernadores tienen recursos públicos, realizan obra pública y están expuestos a circunstancias de esa naturaleza. Por eso la seguridad tiene que ser mayor, porque incluso muchos son amenazados en ciertas localidades donde la delincuencia tiene mayor presencia”, externa.
Elizabeth Trejo Galán, jueza del Décimo Segundo Juzgado de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México, quien aspira al puesto de magistrada, califica la elección como una cuestión inédita para el país y día a día están a la expectativa de cómo se van resolviendo las diferentes circunstancias que se presentan.
Indica que en el tema de seguridad no se ha reparado si es necesario o no brindarle a los candidatos que en su momento salgan en las boletas o los que tengan pase directo.
Abunda que los jueces habitualmente no tienen ese servicio porque están acostumbrados a permanecer en el anonimato.
“El tema de seguridad es importante, pero no se ha reparado en ese aspecto si es que fuera necesario o no. Honestamente no es muy viable por el tema del presupuesto, la política de austeridad.
“Entonces, se redujo el presupuesto para la elección, el Poder Judicial también tiene una reducción de presupuesto. Entonces, es complicado”, argumenta la aspirante a magistrada.
Antonio Ordóñez Serna, juez laboral del Décimo Séptimo Tribunal Laboral Federal de Asuntos Individuales, con sede en la Ciudad de México, comenta que en la materia laboral parecería que no tendrían mucho tema con la seguridad.
“Cuando se trata de la elección vamos todos en una misma caja, finalmente son puestos que se van a postular, entonces realmente quien tenga interés en la elección ya sea de asuntos civiles, laborales o penales es una sola elección. Estamos tanto en riesgo un juez laboral que uno penal, en ese supuesto”, dice Ordóñez Serna, quien aspira a magistrado de Circuito en Materia Laboral.
