Más Información
La pruebas obtenidas bajo tortura y malos tratos son inválidas y deben ser excluidas por las autoridades, afirmó Jan Jarab , representante en México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos ( ONU-DH ), quien exhortó al Estado mexicano a redoblar sus esfuerzos para profesionalizar sus capacidades de investigación criminal.
ONU-DH
indicó que de acuerdo con la Encuesta Nacional de Población Privada de la Libertad de 2016 del Instituto Nacional de Estadística y Geografía, 46% de las personas que declararon ante el Ministerio Público tras ser detenidas manifestaron haber recibido algún tipo de amenaza o agresión para dar otra versión de los hechos.
En el marco del Día Internacional en Apoyo de las Víctimas de la Tortura que se conmemora mañana, Jan Jarab , expresó: “Que a causa de la tortura una persona confiese haber cometido un delito no significa haber probado su culpabilidad, significa haber vencido su capacidad para resistir el dolor. Resultan anacrónicas y reprobables las expresiones públicas que aceptan las confesiones extraídas mediante tortura y con base en ellas dan por hecho la culpabilidad de un delito a quienes la han sufrido.
“Resulta inconcebible que en las cárceles mexicanas existan tantas personas doblemente arrepentidas; primero supuestamente se arrepienten ante la autoridad que les investiga por la comisión de un delito y posteriormente se vuelven a arrepentir de la autoincriminación que realizaron inicialmente. Este doble arrepentimiento se explica fundamentalmente por la comisión de la tortura y la ausencia de salvaguardas legales efectivas”, afirmó.
Ante esa situación, el representante de ONU-DH señaló que “las autoridades deben excluir todas las pruebas obtenidas mediante tortura u otros malos tratos . Son pruebas inválidas. La tortura no hace a una persona culpable o inocente de un delito, la hace víctima de un delito.
La privación de la libertad de cualquier persona debe descansar exclusivamente en la existencia de evidencias suficientes, obtenidas de manera legal y que acrediten su responsabilidad en estricto apego al principio de presunción de inocencia
. Además, la carga de probar dicha responsabilidad corresponde al Estado, que se debe sujetar siempre a lo que dicta la ley”.
ONU-DH
hizo un llamado “al Estado mexicano a redoblar sus esfuerzos para profesionalizar sus capacidades de investigación criminal” e instó a las autoridades a documentar de manera independiente los casos de tortura , investigar y sancionar a los responsables y reparar a las víctimas.
Recordó que cuando una persona manifieste que su confesión se obtuvo mediante tortura , al Estado le corresponde demostrar que el testimonio se hizo de manera voluntaria, porque de lo contrario debe eliminarse. Resaltó que la utilización de la tortura socava la credibilidad y la confianza en las autoridades y en el sistema de justicia.
“Son los torturadores quienes deben enfrentar un proceso o estar recluidos purgando una pena, no las víctimas de tortura . Los primeros han violentado los derechos humanos, los segundos han sido violentados en su dignidad y merecen una justa reparación”, dijo Jarab.
mpb
