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La Auditoría Superior de la Federación (ASF) propuso una serie de modificaciones legales al Poder Legislativo para mejorar los procesos de fiscalización que se les deben practicar a cada una de las 299 dependencias y estados del país en la revisión del gasto que cada uno de ellos ejerce.
A fin de evitar nuevos desvíos de recursos y fraudes como la Estafa maestra, la Auditoría Superior de la Federación pidió a la Cámara de Diputados aprobar una reforma a la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, en la que se establezca que debe ser el titular de cada dependencia o entidad quien suscriba, “como facultad indelegable”, los contratos correspondientes.
La ASF solicita establecer que los titulares de las dependencias deban cerciorarse de que la empresa o entidad contratada cuente con capacidad técnica, material y humana para la realización del contrato para el que sea requerida.
Además, que se revise que la empresa elegida no subcontrate más de 49% de los trabajos solicitados y del importe total del contrato.
Cabe recordar que la Estafa maestra es un mecanismo que han utilizado distintos gobiernos estatales y entidades federales para desviar recursos utilizando la subcontratación de otras empresas, que muchas veces son fantasma, para solicitar obras o servicios que nunca se hicieron.
“Evitar distorsiones que se han observado en la aplicación de esta ley, lo que ha ocasionado desviaciones de recursos federales; asimismo, coad-yuvar con los procesos de transparencia y rendición de cuentas en el manejo de los recursos públicos ejercidos al amparo del artículo 1º, quinto párrafo, de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público”, solicita la ASF.
Asimismo, piden establecer una obligación para que la Secretaría de Hacienda reporte en los informes trimestrales que envía a la Cámara de Diputados los resultados de los programas y recursos presupuestarios destinados al desarrollo regional. Así como que se disponga que dichos elementos deberán incluirse en la información presupuestaria y en el estado analítico del ejercicio del Presupuesto de Egresos.
También requiere la obligación de la Secretaría de Hacienda de rendir cuentas al Congreso mediante un informe anual sobre los mecanismos de transferencia de riesgos significativos y protección de los ingresos presupuestarios (coberturas petroleras), lo cual sería fiscalizado por la propia Auditoría Superior.
