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La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) presentó seis denuncias penales contra 235 servidores públicos que cometieron irregularidades en la investigación de la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa en 2014.
Las denuncias fueron interpuestas el pasado 22 de junio ante la Fiscalía General de la República
(FGR) y la CNDH presentó como medio de prueba su recomendación 15VG/2018, con la cual ya había alertado sobre las omisiones en la investigación del caso.
En un comunicado de prensa, la CNDH destacó algunas de las seis denuncias penales que interpuso:
"Destaca la denuncia penal ante la FGR por acciones u omisiones posiblemente constitutivas de delito identificadas por la CNDH en la incursión de personal de la entonces Procuraduría General de la República (PGR), con el detenido Agustín García Reyes (a) 'El Chereje', en las inmediaciones del Río 'San Juan' de Cocula, Guerrero, el 28 de octubre de 2014", dijo la CNDH.
Y se refirió a otras dos contra elementos de la PGR y la Procuraduría General de Justicia del Estado de Guerrero por no realizar oportunamente una investigación relacionada con los autobuses “Costa Line” 2513 y “Estrella Roja” 3278, que eran utilizados por los normalistas.
Respecto al caso de Carlos Canto Salgado, la CNDH también interpuso una denuncia penal por su caso al señalar que elementos de la Policía Ministerial de la PGR y la Secretaría de Marina lo detuvieron arbitrariamente, se dilataron en presentarlo ante el Ministerio Público, además de que cometieron actos crueles, inhumanos y degradantes contra el detenido.
Además de las seis denuncias penales, la CNDH interpuso otras 12 administrativas contra 140 servidores públicos —131 del orden federal y 9 del estatal.
"Entre las denuncias aludidas, está la presentada contra el personal policial a cargo de la estación Iguala de la Policía Federal y de 2 agentes de dicha corporación, por participar en la desaparición de un grupo de normalistas en el 'Puente del Chipote' y por incumplir su obligación de prestar auxilio a las víctimas y no preservar el lugar y los indicios, huellas o vestigios de los hechos delictuosos", detalló el organismo autónomo.
Otra de las 12 denuncias administrativas fue contra personal adscrito a la entonces Dirección General del Sistema Estatal de Información Policial, dependiente en ese entonces del Secretariado Ejecutivo del Consejo Estatal de Seguridad Pública del Estado de Guerrero, porque sólo cuatro cámaras de 25 funcionaban en el municipio de Iguala.
"La CNDH dará puntual y riguroso seguimiento a los procedimientos que se inicien con motivo de las denuncias presentadas a efecto de que sean aplicadas las sanciones que en derecho correspondan", concluyó la CNDH.
