Más Información
Más de cien organizaciones de la sociedad civil publicaron una carta donde hacen saber al presidente Andrés Manuel López Obrador su preocupación respecto al futuro de los pueblos indígenas , específicamente en cuanto a sus gobiernos de usos y costumbres, la posesión de sus tierras y la seguridad de sus activistas y periodistas .
A más de cien días de haber arrancado el gobierno del morenista, y previo a su visita al pueblo de Guelatao de Juárez, Oaxaca, las ONG señalaron a AMLO que “vemos con preocupación que no han existido mecanismos legalmente adecuados para garantizar la libre determinación, autonomía, gobernanza ambiental, y transparencia en la toma de decisiones de los pueblos originarios sobre sus territorios”.
Señalaron que México cuenta con 25 millones de habitantes indígenas que resguardan el 80 por ciento de la biodiversidad del planeta, sin embargo constantemente han sido “despojados” de sus tierras sin haberlos consultado ni siquiera para la construcción del Tren Maya, pues criticaron que para ese tema el presidente cambió las consultas políticas por “rituales de legitimación política”.
Algunas de las ONG que firmaron esta carta al presidente fueron el colectivo Seguridad sin guerra, Asistencia Legal por los Derechos Humanos (Asilegal), Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez, Centro de Derechos Humanos Fray Francisco de Vitoria, México Evalúa y México Unido Contra la Delincuencia.
Dichas organizaciones también hicieron señalamientos respecto al respeto de los gobiernos de usos y costumbres, ya que la militarización de algunas regiones del país viola esa forma de convivencia política.
“Cuando el hoy presidente de la República realizó su visita a Guelatao enalteció la forma de gobierno de las comunidades serranas. No obstante, vemos la aprobación de la Guardia Nacional y la presencia de militares en la región, quienes además han realizado cacería de especies designadas como protegidas por las asambleas comunitarias de las comunidades de la Sierra Juárez”, señalaron.
De igual forma, pidieron al gobierno federal que se castiguen los homicidios de activistas y periodistas de las zonas indígenas , ya que “en los últimos dos sexenios, ha existido una constante persecución, ejecuciones, desapariciones, de personas defensoras de derechos humanos y defensores del medio ambiente”.
Y pusieron como ejemplo reciente el asesinato del activista Samir Flores Soberanes, opositor a la construcción de la termoeléctrica que se construirá en Morelos.
Por último, las ONG también resaltaron la importancia de que la actual administración no descalifique el trabajo de las organizaciones sociales, así como que no base sus decisiones en “argumentos asistencialistas, religiosos, morales, y no bajo promoción, respeto y garantía de los Derechos Humanos”.
