Más Información
nacion@eluniversal.com.mx
Sin el presupuesto adecuado para el Archivo General de la Nación (AGN) está en riesgo de quedar en el limbo el acuerdo del presidente Andrés Manuel López Obrador de mayor apertura y transformación de ese recinto histórico, aseguró la doctora Aurora Gómez Galvarriato, exdirectora de ese sitio.
Luego de darse a conocer los lineamientos que regirán la transferencia de información de las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal (APF) al AGN, relacionados con violaciones de derechos humanos, persecuciones políticas vinculadas a movimientos sociales y políticos, así como con actos de corrupción, Aurora Gómez destacó la importancia de analizar a profundidad y con cuidado los documentos que transfieran las dependencias federales.
Aurora Gómez Galvarriato, quien es académica de El Colegio de México (Colmex), insiste en que las dependencias deben valorar primero si los documentos a transferir cuentan con las características necesarias para ser clasificados como históricos, y eso es muy subjetivo, pues depende de la disciplina del valorador y hasta de la voluntad política.
“[En cuanto a] los documentos relativos a violaciones de derechos humanos y temas de corrupción debe haber expertos que los vean desde afuera, como organismos civiles especializados, porque [al] dejarlos en manos de las mismas personas que trabajan en las dependencias corren el riesgo de ser ‘juez y parte’. Para los temas de seguridad nacional el reto es mayúsculo”, refirió la académica.
Lo que más preocupa a los expertos es el presupuesto del AGN, puesto que para 2019 sólo asignaron cerca de 80 millones de pesos y eso, señala Aurora Gómez, apenas alcanza para pagar al personal que actualmente labora en el archivo y para hacerse cargo de los acervos que ya existen.
El archivo general, bajo estas condiciones, estaría dejando en manos de terceros (las dependencias) la responsabilidad de la valoración y la transferencia de la información, porque no cuenta con el personal ni el dinero necesarios.
Por su parte, el doctor Ramón Aguilera Murguía, director general de la Escuela Mexicana de Archivos, explicó que se requerirá de logística, personal, recursos materiales y transportes adecuados para transferir miles de cajas que pudieron obrar en las dependencias y entidades de la APF relativas a esos temas.
“Hay dependencias que jamás han hecho una transferencia, no conocen el proceso y, bueno, ni siquiera saben qué hay en sus archivos, hacer ese trabajo requiere de presupuesto y personal especializado. Calculo que llevará años”, aseguró el directivo.
Respecto a la propuesta de agrupar un equipo interdisciplinario para valorar la información, los especialistas comentaron que fue ya discutida mientras se aprobaba la Ley General de Archivos y ésta plantea la creación de un Comité de Valoración, integrado por asesores externos, académicos e historiadores sean sus integrantes.
El especialista indicó que 60% de los archivos de la administración pública federal están en total descuido y no cuentan con su catálogo de disposición documental, esto es un problema técnico que es factible resolver, pero tomará tiempo y recursos.
“El tema delicado regresa al asunto de la valoración, porque ni Petróleos Mexicanos ni la Secretaría de la Defensa van a valorar la información sobre violaciones a derechos humanos o van a entregar documentos que den cuenta de los actos de corrupción al interior de sus dependencias. Creo que mientras éstas aleguen que la información es restringida por seguridad nacional o secreto fiscal, nosotros seguiremos escuchando sobre fraudes, masacres y huachicoleo en los medios”, concluyó el doctor Aguilera.
