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Ana Isabel Alejandre Rosales, quien tramitó el primer amparo en contra de la cancelación del programa de estancias infantiles, solicitó ante un tribunal federal que se le otorguen los recursos y se apliquen las reglas de operación de esta partida presupuestal vigentes en 2018.
En el juicio de amparo que Alejandre Rosales presentó ante el Juez Primero de Distrito en Materia Administrativa en Nuevo León, solicitó la suspensión para que se le entregue el recurso, no sea dada de baja del registro del padrón del programa, que se habiliten los mecanismos necesarios para que continúe operando este beneficio hacia las madres trabajadoras y “que no se vea afectado el Presupuesto de Egresos ya autorizado en el paquete fiscal 2019, respecto de los programas de estancias infantiles para apoyar a madres trabajadoras”.
El juez concedió la suspensión únicamente para que el gobierno federal publique las reglas de operación del Programa de Estancias Infantiles para 2019 en el Diario Oficial de la Federación.
Por ello, Alejandre Rosales presentó un recurso de queja en el que solicitó que un tribunal colegiado aplique el principio de “mayor beneficio” para que se le entreguen recursos por concepto del Programa de Estancias Infantiles para Apoyar a Madres Trabajadoras conforme a las reglas de operación vigentes hasta antes de que el gobierno federal decidiera cancelar dicho programa.
“No se está solicitando la medida cautelar para efectos de que se le entreguen recursos sin cumplir con las reglas establecidas; al contrario, se está solicitando se entreguen con base en los servicios que se están prestando, de conformidad con las reglas establecidas y de conformidad con el artículo transitorio decimotercero del Presupuesto de Egresos de la Federación”, indica el escrito de queja, al que EL UNIVERSAL tuvo acceso.
Este es el primer amparo contra la cancelación del programa de estancias infantiles en el que un juez federal concede la suspensión y fue tramitado por un equipo de abogados de Nuevo León, entre los que se encuentra el senador de Movimiento Ciudadano Samuel García.
Ayer, los representantes legales de la quejosa presentaron un “Incidente de Violación a la Suspensión”, en el que acusaron que el gobierno federal incurrió en desacato al no publicar las reglas de operación del programa conforme a lo ordenado por el juez de amparo.
En su escrito, solicitaron apercibir a las autoridades responsables que, de no cumplir con la suspensión, podrían incurrir en delitos como el desacato.
