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La regulación integral del mercado de cannabis por el Estado mexicano, la protección de los migrantes, la eliminación de la Ley de Seguridad Interior y la creación de una fiscalía general autónoma, son los principales temas que las organizaciones civiles buscan colocar en las agendas de los cuatro candidatos presidenciales.
Un grupo de 243 organismos, entre los cuales están Transparencia Mexicana, Reinserta, Observatorio Nacional Ciudadano y Causa en Común, entre otros colaboran en la Tercera Cumbre Ciudadana. Agenda por un Estado democrático de derechos sin corrupción ni impunidad, en la que plantean 56 propuestas divididas en siete ejes temáticos, las cuales prevén entregar a los abanderados el próximo 29 de mayo.
En un mercado que estaría regulado de manera similar al del alcohol y el del tabaco, proponen “establecer las bases para el cultivo, transportación, producción, empaquetado, etiquetado, distribución, comercialización, venta y uso de cannabis y sus productos. Creación de un mercado no competitivo, controlado por una empresa distribuidora única (…) Creación de un órgano regulador ad hoc que emitiría la normatividad adecuada para permitir o restringir el número y tipo de productos autorizados”.
Plantean que se lleve a cabo una reforma integral que incluya “la ampliación de los umbrales de posesión para la despenalización efectiva del consumo de cannabis y la regulación del mercado para usos personales, de acuerdo con el precedente establecido por la Suprema Corte de Justicia de la Nación en 2015”.
Como en el caso del tabaco, se prohibiría “la realización de actividades comerciales como la promoción, publicidad y patrocinio de eventos; y se protegería la salud de los consumidores a través de la divulgación de información basada en evidencia, una perspectiva de reducción de daños, el establecimiento de controles de calidad y la separación de mercados para evitar el contacto con otras drogas”.
En materia de justicia también plantean modificar el artículo 102 de la Constitución para que la Fiscalía General y las locales sean autónomas y profesionalizadas, que haya justicia integral para adolescentes y asegurar un enfoque diferenciado para las mujeres en los procesos de procuración de justicia.
Contra la violencia proponen que la seguridad pública se establezca como un tema de Estado a través de un diseño a nivel de la administración pública federal, rescatar la Plataforma México creada en 2007, crear una clave de identidad, promover la reinserción de adolescentes y mejorar las condiciones de los centros penitenciarios, entre otros temas.
En materia de derechos humanos, las organizaciones solicitan que se elimine la Ley de Seguridad Interior, garantizar la implementación de la Ley General en Materia de Desaparición Forzada, impulsar un programa de readaptación social para mujeres privadas de la libertad y trabajar en la protección de niños y adolescentes en situación migratoria.
La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) también ha realizado un exhorto a los candidatos presidenciales a que tengan como prioridad ejecutar políticas públicas y programas dirigidos a la infancia, con el objetivo de mejorar las condiciones de vida de los niños y adolescentes, así como restituir el goce de los derechos de quienes han sufrido violaciones.
El presidente de la CNDH, Luis Raúl González Pérez, destacó en su momento la necesidad de que los abanderados pongan a los ciudadanos en el centro de atención de sus propuestas y les solicitó que den a conocer de manera puntual “su compromiso real y no sólo discursivo con los derechos humanos, en especial sobre el tema migratorio y la política de dignidad nacional que llevarán a cabo frente a Estados Unidos”.
