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Organizaciones de la sociedad civil pidieron al Congreso de la Unión ser tomadas en cuenta en la discusión de las leyes secundarias de la Guardia Nacional y crear un observatorio ciudadano con el cual puedan dar seguimiento a las labores que realicen el nuevo cuerpo de seguridad, las Fuerzas Armadas y las policías.
Al finalizar el Parlamento Ciudadano, celebrado en el Senado entre el 15 y 16 de mayo, asociaciones civiles y académicos expresaron su molestia, ya que ningún legislador les ha pedido su opinión respecto a las leyes Orgánica de la Guardia Nacional, sobre el Uso de la Fuerza Pública, sobre el Registro de Detenidos y las reformas a la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública.
Además exigieron que se construya un observatorio ciudadano para vigilar a las instituciones que realicen tareas de seguridad y así evitar que se violen derechos humanos durante operativos.
“El observatorio debe ser una cuestión obligatoria que tendría que estar conformada por funcionarios que laboren en el ámbito de la seguridad pública, la sociedad civil y académicos”, señaló Daira Arana Aguilar, investigadora de Causa en Común.
Por su parte, Ernesto López Portillo, secretario técnico del Foro Mexicano para la Seguridad Democrática, indicó que “cuando podamos revisar con autoridades externas —que no dependan del Ejército o la policía— cómo usan la fuerza estas instituciones, las cosas van a cambiar”.
Aseguró que organismos similares a un observatorio ciudadano han tenido éxito en Estados Unidos, especialmente en Nueva York, donde la policía es “auditada” para señalar los abusos de autoridad y sancionar a quien los comete.
“Las leyes no alcanzan, pero los sistemas de revisión sí permiten conocer los patrones y las motivaciones cuando la fuerza no se usa adecuadamente”, aseveró Ernesto López Portillo.
También Carlos Silva, miembro del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, se mostró a favor de la vigilancia a las instituciones de seguridad y la rendición de cuentas: “¿Cómo se va a rendir cuentas del uso de la fuerza? Dicen investigadores chilenos que toda política institucional del uso de la fuerza debe poder contar incidentes, describirlos, explicarlos y controlar los patrones problemáticos”.
