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Notarios
del país se pronunciaron en c ontra de las recomendaciones impulsadas por la Comisión Federal de Competencia Económica para modificar o proscribir leyes y requisitos que regulan la actividad notarial.
Ignacio R. Morales Lechuga
, notario 116 de la Ciudad de México, y Ángel Gilberto Adame López, titular de la Notaría 233, señalaron que eliminar la colegiación , la profesionalización , el proceso selectivo como medida para incrementar el número de notarios pone de manifiesto el profundo desconocimiento que la Cofece tiene acerca de esa función .
En ua carta enviada a Alejandro Faya Rodríguez, titular de Cofece , ambos notarios refirieron que hace unos meses, la Comisión a su cargo convocó a un certamen cuyo objetivo consistió en identificar “el obstáculo regulatorio más absurdo para competir y emprender 2016-2017”, resultando ganador el trabajo que lleva por título “Leyes estatales del Notariado”.
Cofece, agregaron, en concordancia con el ensayo laureado, estima que deben evaluarse en su caso proscribirse, por los poderes legislativos y ejecutivos, rubros concernientes a la actividad notarial como:
“Restricción al número de notarios, Discrecionalidad del Ejecutivo para el otorgamiento de patentes, Establecimiento de requisitos injustificados, Regulación de precios, Segmentación del mercado, Colegiación obligatoria y Facultades de los colegios que limitan la competencia”.
Señalaron que el gremio notarial ha pugnado fuerte y constantemente por la profesionalización continua de sus integrantes, y que asociaciones como el Colegio de Notarios de la hoy Ciudad de México han impulsado, desde 1946, el Concurso y Examen de Oposición como vía única de acceso al notariado.
Esto, señalaron, con el objetivo de que los aspirantes, sin importar su procedencia, compitan entre sí para demostrar quién de ellos posee la mayor aptitud teórica, práctica y ética, garantizando así, a la sociedad y al Estado, el desempeño cabal de tan alta responsabilidad.
“Eliminar la colegiación obligatoria y el proceso selectivo, reconocidos nacional e internacionalmente, implicaría un atentado contra la legitimidad de la fe pública”.
Indicaron que Cofece al aducir la necesidad de incrementar el número de notarios y la intensidad de la competencia entre ellos, sobre la base de que esta medida es esencial para modernizar y formalizar la economía, olvida que el ejercicio notarial es una delegación de facultades propias del Estado en un particular.
Con ello, detallaron se habilita al notario para ejercer la actividad autenticadora y no el desempeño de un oficio, por tanto, el notario no se encuentra sujeto a las reglas de la competencia económica, pues, tal como lo ha pronunciado la Suprema Corte de Justicia de la Nación, las funciones del notario no son compatibles, entre otras, con las de los comerciantes y agentes de cambio.
Enfatizaron que resulta absurdo responsabilizar al notariado de la hipotética lentitud en la prestación de sus servicios.
Recordaron que los elevados costos y la tardanza dependen en gran medida de las tarifas impositivas y los vicios burocráticos en la emisión y recepción de documentos oficiales.
“Por lo que, si el afán de la Comisión es el de buscar una mayor celeridad, quizá debiese impulsar iniciativas que tengan como objetivo primordial abatir los altos costos que los impuestos representan a la ciudadanía y la desregulación de requisitos innecesarios”, puntualizaron.