Instan a aceptar a otras familias

La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) instó a la población adaptarse a los cambios demográficos, sociales y económicos para aceptar los nuevos modelos de familia y asumir que el respeto y protección a esas diferencias conllevan a una convivencia pacífica.

Lo anterior, ante la persistente discriminación y violencia en México hacia personas unidas por vínculos y afectos diferentes al matrimonio entre una mujer y un hombre, informó el organismo en un comunicado.

El primer visitador general de la CNDH, Ismael Eslava, consideró innegable la responsabilidad del Estado para fomentar el respeto a los derechos de las mujeres, personas mayores y menores de edad, así como el tratamiento diferenciado que se debe dar a los integrantes de las familias, a partir de las necesidades y atención que requieran.

Convocó a las instituciones de gobierno, sector privado, academias y familias a generar la promoción de la participación política y liderazgo de las mujeres, y la erradicación de la violencia basada en el género.

Indicó que los nuevos tipos de familias no deben ser rechazados. Eslava comentó que en la actualidad pueden estar integradas por padre, madre e hijos o por mamás o papás solteros y parejas sin hijos o que han postergado su paternidad.

Además, “hay familias unipersonales, con individuos que viven solos; parejas del mismo sexo y reconstituidas que han tenido relaciones o matrimonios previos, al igual que hijos”.

Sondeo: 43.9% han sido agredidas por su pareja. Mencionó que de acuerdo con la Encuesta Nacional sobre la Dinámica de las Relaciones en los Hogares del Inegi 2016, 43.9% de las mujeres que tienen o contaron con una relación de matrimonio, convivencia o noviazgo han sido agredidas por su compañero en algún momento, también por el padre, madre y hermanos.

Ante esa situación, el visitador de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos enfatizó que el Estado tiene la obligación de implementar políticas públicas, acciones y programas para erradicar la violencia al interior de las familias del país. Eslava añadió que por ello, “la función que desempeñan los poderes judiciales en la aplicación e interpretación de las normas y en la legalidad de los actos de las autoridades es determinante para la seguridad jurídica de los gobernados para el goce y ejercicio de sus derechos humanos”.

La protección jurídica de las familias en México, afirmó, cruza los marcos constitucional, convencional y legal que requiere de actividades muy concretas para garantizar el derecho a tener las convicciones éticas, de conciencia y de religión que libremente decidan.