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El año pasado, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) emitió 69 recomendaciones por violaciones a los derechos humanos, 17 de las cuales fueron dirigidas al Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), la institución más señalada por el organismo encabezado por Luis Raúl González Pérez.
También, la CNDH emitió 10 recomendaciones a la Comisión Nacional de Seguridad (CNS), siete a la Procuraduría General de la República (PGR), cuatro al Instituto Nacional de Migración (INM), tres al Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE), tres a la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), dos a la Secretaria de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) y una a la Secretaría de Marina Armada de México (Semar), Secretaría de Salud, Secretaría de la Función Pública, los gobiernos de Veracruz, Tabasco, Chiapas, Sinaloa, Oaxaca, Coahuila y San Luis Potosí.
En noviembre pasado, la CNDH emitió un paquete de tres recomendaciones a la Dirección General del IMSS por la inducción del trabajo de parto de manera innecesaria, en un caso, que provocó violencia obstétrica hacia una mujer, por el control prenatal inadecuado a otra derechohabiente que presentaba problemas de salud y por la aplicación prematura de tratamiento de quimioterapia a un niño de dos años con cinco meses de edad. En los tres casos los menores de edad fallecieron.
El organismo nacional acreditó vulneración de los derechos de protección de la salud, violencia obstétrica e inadecuada atención médica a las agraviadas y, en ambos casos, violación al derecho a la vida de los recién nacidos.
Por esos tres casos, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos pidió al Instituto Mexicano del Seguro Social reparar los daños a las respectivas madres y padres de los menores de edad, que incluyan indemnización, atención médica y sicológica e inscribir a los agraviados en el Registro Nacional de Víctimas para que tengan acceso, en lo conducente al Fondo de Ayuda, Asistencia y Reparación Integral.
Entre las dirigidas a la Comisión Nacional de Seguridad, destaca la 7VG/2017, por violaciones graves a los derechos humanos de la Policía Federal durante el operativo que llevó a cabo en Nochixtlán, Oaxaca, en el que murieron siete personas.
“El operativo para liberar vialidades no fue debidamente diseñado, preparado, coordinado y ejecutado, no se observaron plenamente de actuación, sobre todo por lo que hace al uso legítimo de la fuerza y la necesidad de priorizar mecanismos y técnicas no violentas antes de utilizar la fuerza contra la población”, concluyó la CNDH.
Al Instituto Nacional de Migración (INM), el organismo le emitió una recomendación por obligar a 17 adolescentes centroamericanos de entre 12 y 17 años a “desnudarse y a hacer sentadillas” durante una revisión por elementos de seguridad privada en una estación migratoria en Puebla.
